CAROLINA – El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, envió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (“la Junta”) solicitando que la auditoría que supuestamente encargarán a la firma Ernst & Young para auditar las finanzas del Estado Libre Asociado en los años 2014 y 2015, no se limite solo a esos años y se audite la totalidad deuda. Para efectuar las auditorías forenses de esos 2 años será casi indispensable efectuar algún tipo de auditoria o certificación de la deuda extra constitucional. De hecho, la propia Ley PROMESA reconoce como importante dicha auditoría, al otorgar expresamente un papel complementario a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público («la Comisión») creada el año pasado y desmantelada por la actual administración.
“El Plan Fiscal presentado por el Gobernador y certificado por la Junta el pasado 13 de marzo básicamente no hace referencia a los dos principios fundamentales para que ese plan sea exitoso: la auditoría y la reestructuración de la deuda. No obstante, la sección 413 de PROMESA expresamente otorga un papel complementario a la Comisión a presentar informes y permitir que los mismos sean revisados por el gobierno de Puerto Rico y por la Junta. Es decir, Puerto Rico no tiene facultad en ley para exigirle a la Junta que haga una auditoría, pero es la misma Ley PROMESA la que establece su importancia. Es por eso que a tenor con el “Freedom of Information Act” (FOIA), le pedimos a la Junta que haga cumplir el derecho del Pueblo a estar informado. Si bien es cierto que FOIA no nos aplica directamente, la realidad es que el gobierno federal ha expresado la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a la información pública. Cumpliendo con el fin último establecido en FOIA, puede obligar a que se audite la deuda y a tener toda información relacionada a la misma”, enfatizó el legislador.
Aponte Dalmau, quien fungió como Presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio, Industria y Telecomunicaciones el pasado cuatrienio, realizó durante 2014-2015 una investigación (Resolución de la Cámara 1049) sobre la emisión de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (“PREPA”). “En el 2010, PREPA estando técnicamente insolvente, emitió $3.7 billones en deuda. Estas emisiones de bonos no cumplieron con el contrato fiduciario (“Trust Agreement”) porque los fondos no fueron utilizados para gastos de capital, como establece la ley, sino para financiar las pérdidas en la operación de la AEE. Esto claramente representa una violación a las disposiciones constitucionales. Confiamos en que la Junta atenderá nuestro reclamo por la importancia que el mismo reviste”, concluyó.
