SAN JUAN – Tras más de 12 años sin que se aprobara un incremento al salario mínimo federal de $7.25 la hora, a partir del 1 enero de 2022 comenzará un aumento a $8.50 la hora. Esto luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtiera hoy en ley el Proyecto de la Cámara 338 a esos fines. Esto pudiera representar para un empleado que trabaje a tiempo completo un aumento aproximado de más de $2,000 anuales.
“Por mucho tiempo miles de trabajadores en nuestra Isla no han recibido un aumento en el salario mínimo, pero sí han tenido un incremento en el costo de vida por estos pasados 12 años. Un pago de $7.25 la hora ya no es sostenible para vivir en Puerto Rico, por lo que ya era hora de hacerle justicia a la clase trabajadora. Esta ley es resultado de un trabajo en consenso entre la rama legislativa y el ejecutivo para beneficiar a miles de puertorriqueñas y puertorriqueños. Continuaré impulsando y dando paso a medidas que propendan en una mejor calidad de vida y que procuren que cada uno de los que residen en esta Isla pueda echar pa’lante”, sostuvo el gobernador.
Según dispuesto en la ley, el 1 de julio de 2023 el salario mínimo será de $9.50 y el 1 de julio de 2024 será de $10.50 a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo, emita un decreto mandatorio variando el mismo.
El gobernador Pierluisi creó, mediante la Orden Ejecutiva 2021-035, el Grupo Asesor del Gobernador sobre el Salario Mínimo que está compuesto por tres representantes del sector sindical, tres renombrados economistas, representantes de múltiples asociaciones del sector privado y los jefes de agencias del Gobierno que atienden los asuntos laborales y el desarrollo económico. Esto con la intención de acoger las recomendaciones de diversos sectores para lograr una medida que le hiciera justicia al pueblo trabajador y sin afectar la economía, especialmente del pequeño y mediano comercio.
Junto al gobernador en el momento de convertir este proyecto en ley, estuvieron los representantes Héctor Ferrer Santiago y Joel Franqui Atiles como parte de los autores de esta pieza de legislación.
Compensación por muerte en el cumplimiento del deber
Otra pieza legislativa firmada hoy por el gobernador Pedro R. Pierluisi es el Proyecto del Senado 202. Esta nueva ley aumentará los beneficios del cónyuge o los dependientes de cualquier empleado del Departamento de Seguridad Pública (DSP) que falleciere en el cumplimiento del deber.
Con esta medida se autoriza al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, a desembolsar al cónyuge supérstite, o en su ausencia, a los dependientes de los empleados del DSP que fallecieron en el cumplimiento del deber, un pago correspondiente a 24 mensualidades del último salario bruto que devengaron. Además de dicho pago, el DSP podrá sufragar los gastos del servicio fúnebre del empleado fallecido en el cumplimiento del deber con hasta un máximo de $5,000. La medida tendrá vigencia retroactiva al 1 de enero de 2021. Previo a esta ley los beneficios eran de 12 meses de sueldo y una ayuda de $2,000 para gastos fúnebres.
La medida fue presentada por los senadores de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe Ramos, Gregorio Matías Rosario, Nitza Morán Trinidad y Keren Riquelme Cabrera.
Pierluisi también estampó su firma en el Proyecto del Senado 246 a los fines de prohibir la venta de productos de tabaco a menores de 21 años, lo cual atempera nuestras normas a las del gobierno federal sobre este tema. Asimismo, el gobernador dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 22 para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), incluir en su Plan de Mejoras la construcción de la segunda fase del desvío Gregorio Durán en Villalba y realizar las gestiones necesarias para lograr la asignación de fondos bajo el programa CDBG-DR. De hecho, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ya incluyó esta obra como un proyecto prioritario y ha destinado recursos para continuar con los estudios requeridos.
También, fue convertida en ley la Resolución Conjunta del Senado 92, para que la antigua Escuela Superior Mercedes Palma en Caguas sea transferida a la “Comunidad Organizada de San Salvador”.
Finalmente, el gobernador también convirtió en ley el Proyecto del Senado 181, “por coincidir con la política pública de nuestro gobierno de no más recortes a las pensiones, no más recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cónsono con nuestra visión de que el Plan de Ajuste tiene que estar acompañado por un análisis serio de sostenibilidad de deuda, y de que no se valide emisión de deuda impugnada”.
De hecho, el viernes pasado el gobernador, en la reunión pública con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), reiteró que se opondrá a cualquier proyecto de legislación dirigido al recorte de las pensiones de los retirados públicos. El primer ejecutivo subrayó que existen varias alternativas financieras a la luz de un mejor panorama fiscal y que, por tanto, el recorte a las pensiones es innecesario.
