SAN JUAN – Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió 32 acusaciones separadas contra 32 personas el jueves, 22 de agosto, por su participación en un esquema de fraude para obtener beneficios de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) que ascienden a 981,071 dólares, según informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El fiscal Muldrow destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue comprometido en utilizar todas las herramientas disponibles para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia del COVID-19. “Haremos responsables a quienes intenten explotar la pandemia para su beneficio personal”, expresó Muldrow en declaraciones escritas.
Las investigaciones fueron lideradas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG), con la asistencia del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH).
Los imputados supuestamente presentaron solicitudes fraudulentas al DTRH para recibir beneficios de desempleo que incluían fondos de PUA, utilizando números de seguro social falsos. Los beneficios fueron enviados a través del Servicio Postal de los Estados Unidos en forma de cheques que los acusados no estaban autorizados a recibir.
Entre los acusados se encuentran Alexander Hernández Casanova (21,576 dólares), Héctor Javier Fernández Porrata (40,488 dólares), Luis Felipe Cesani Cintrón (66,390 dólares), José Emanuel Serrano (30,564 dólares), José Manuel Salinas Bermúdez (18,180 dólares), Kenny Cruz Chévere (49,476 dólares), Michael Martínez Torres (21,444 dólares), Juan José Reyes Hernaiz (35,022 dólares), Neyscha Lee Font Fontanez (22,908 dólares), Christopher J. Mercedes-Sánchez (30,168 dólares), Taylor Bryan Rentas Día (22,374 dólares), Danny Olmo Quiñones (22,440 dólares), Francisco Carrillo Hernaiz (43,152 dólares), Julio Omar Rodríguez-Algarín (31,632 dólares), Alexander Barbosa Concepción (23,304 dólares), Bryan Omar De Jesús Pizarro (53,636 dólares), Bryan De Jesús Acevedo (17,580 dólares), Carlos Alberto Batista Serrano (53,070 dólares), Fabián Abdiel García Concepción (22,440 dólares), Dianelys Ailysh Torres Pizarro (34,692 dólares), Jamisael Jiménez Pérez (30,366 dólares), Jerry Isaías Medina Hernández (20,112 dólares), Jesús Manuel Crespo Rivera (31,830 dólares), Glendaly Rivera-Torres (21,708 dólares), Joumar Vale Sauri (33,069 dólares), Kelvin Fermaint Hernández (22,374 dólares), Kenneth Javier Escalera Paris (17,910 dólares), Manuel Salinas Bermúdez (40,086 dólares), Rodney Eiram Rodríguez-Rivera (20,112 dólares), Yoanelys Vázquez González (32,430 dólares), Eluzay De Jesús Acevedo (17,376 dólares), y Luis Ángel Crespo Rivera (33,162 dólares).
Los imputados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por robo de dinero del gobierno, y hasta 5 años por uso indebido de un número de seguro social, además de multas de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
Las acusaciones contienen solo cargos y no constituyen evidencia de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
