Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- A pesar que desde el 2010 los residentes de los residenciales públicos cuentan con el beneficio de una tarifa fija de electricidad, las cifras por incumplimiento de pago siguen en aumento, hecho que afecta el flujo de efectivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a los clientes que están al día con el pago de sus facturas.
Durante la primera vista pública de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara, presidida por el representante Carlos Vargas Ferrer, en torno a la Resolución de la Cámara 695, que investiga la viabilidad de establecer un canon de arrendamiento único en los residenciales públicos, que incluya pago por concepto de renta, servicios básicos de acueductos y alcantarillados, y de energía eléctrica, la gerente de Servicios Comerciales y Clientes de la AEE, Elizabeth Rivera, dijo la deuda por incumplimiento a los planes o acuerdos de pago asciende a $27.8 millones.
Al presente, 39,573 clientes están acogidos a la tarifa fija para residenciales públicos de la AEE.
Rivera recordó que la intención de la tarifa fija en dichos complejos de vivienda es facilitar el pago de electricidad y así evitar que los inquilinos sean desalojados. Asimismo, explicó que el mecanismo que usa la Administración de Vivienda Pública (AVP), organismo delegado por la Administración de Vivienda Federal (HUD), para administrar subsidios de viviendas con tres o más habitaciones, consiste de depositar en la cuenta bancaria del inquilino el dinero que se provee para el pago de agua y luz, este no ha sido efectivo.
“El dinero no se usa para cubrir con los gastos de dichos servicios. Los clientes disponen otros usos y el balance adeudado continúa aumentando”, planteó la portavoz de la AEE a la vez que favoreció la medida del representante.
Rivera propuso además, que se estudie la posibilidad de restringir el uso del crédito que concede HUD y que sea para uso exclusivo del pago de la luz y el agua. Asimismo, que se disminuyan los topes de consumo y que de haber un exceso, que se facture con los cargos de la tarifa de Servicio Residencial para Proyectos Públicos, que incluye la Cláusula de Ajuste por Combustible y Compra de Energía.
Por su parte, Vargas Ferrer justificó la investigación y señaló que aunque hay buena gente que cumple, existen otros que con su incumplimiento propician que se impongan más restricciones y se promuevan cambios para atender el problema de morosidad.
“El propósito de la medida es que se ausculte la posibilidad de que dicho pago de utilidades se realice directamente a las corporaciones públicas. Esto asegura el pago de dichas cuentas, además de ayudar a los vecinos de los residenciales públicos a evitar desahucio por falta de pago”, agregó Vargas Ferrer.
Por su parte, la AVP anunció que está implementando un nuevo sistema financiero y operacional con una inversión de $8 millones, para ser más eficientes con el cobro.
“Esto permitirá tener una base de datos electrónica con información fehaciente de cada residente y facilitará el cobro de la deuda”, explicó el sub administrador de esa entidad, Leo González.
González agregó que se han estado reuniendo con personal de la AEE y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para capturar la información de las facturas de áreas comunes para justificar el reembolso que HUD otorga a la agencia. El funcionario informó que AVP no recobra todo lo que invierte en el pago de utilidades y que se ve obligada a pagar de su subsidio la diferencia que no recibe.
Mientras, la AAA señaló mediante el director ejecutivo de Servicio al Cliente, Gustavo Marín, que están buscando alternativas al problema de morosidad en los residenciales. Según sus cifras de un total de 23,216 clientes con planes de pago en la AAA, 21,443 no cumplen. A marzo de 2014, la deuda activa en los residenciales públicos con la corporación asciende a $50.7 millones.
