SAN JUAN – Aunque reconoció que es posible mejorar aspectos sustantivos de la ley, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, se opuso hoy a la derogación de la ley prohíbe que los comercios faciliten bolsas desechables para el acarreo de productos.
En un testimonio ofrecido ante la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercios, que preside el representante Nelson Del Valle, el licenciado Pierluisi aludió al objetivo principal de la medida actual, que es la protección del ambiente.
«Los esfuerzos que como sociedad hemos realizado no han sido suficientes. Tenemos que buscar nuevas formas para proteger los escasos recursos que tenemos y adoptar políticas públicas trascendentales que permitan una mejor calidad de vida para cada puertorriqueño. Creo que la ley 247-2015 ha sido un paso en esa dirección», expresó el funcionario.
Pierluisi reconoció que la medida ha representado un cambio en los hábitos de consumo.
«Es cierto que representa un cambio importante en nuestros hábitos de consumo y que puede, incluso, llegar a ser molestoso. Hemos tenido que reprogramarnos a no dejar nuestras bolsas reusables en la casa y acostumbrarnos a llevarlas todo el tiempo con nosotros. Pero, si la ley cumple su propósito y logramos disminuir la cantidad de desperdicios que hay en tantas áreas de la Isla, estaremos más cerca de lograr el Puerto Rico al que todos aspiramos», indicó.
El Secretario de DACO aseguró que está abierto a evaluar tanto aspectos sustantivos de la ley, como la forma en que se ha administrado.
«Como parte de las iniciativas inmediatas al asumir el cargo, creamos un modelo de aviso de orientación que incluye cuáles son las obligaciones específicas con las que tienen que cumplir los establecimientos comerciales. Estos avisos ya se han comenzado a entregar en todas las regiones de Puerto Rico. Así mismo, iniciamos conversaciones con el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental y con la Autoridad de Desperdicios Sólidos para implementar rápidamente una campaña masiva de orientación», expresó.
Pierluisi detalló otro de los grandes retos que presenta la ley, como son los posibles costos adicionales que enfrentarán los consumidores para acarrear los productos que compren. La ley actualmente obliga a los establecimientos a tener disponibles, sea para la venta o gratuitamente, bolsas reusables. No obstante, no establece ningún control en los precios a los que los comerciantes pueden vender esas bolsas. Esto podría dar paso a que algunos comerciantes vean en la obligación que impone la ley una nueva forma de lucro, explicó.
“La ley debe brindarles a los consumidores la seguridad de que el costo que los comercios impongan sobre las bolsas reusables, si alguno, sea razonable. El DACO dentro de sus facultades puede garantizar que el cumplimiento de la ley no representa una carga onerosa para los consumidores”, expresó el Secretario.
Por otro lado, Pierluisi llamó la atención a que la ley faculta a los municipios para que, mediante ordenanzas, puedan ampliar las disposiciones y prohibiciones sobre las bolsas plásticas. Aunque consideró muy loable su propósito, advirtió que podría dar paso a que cada municipio adopte ordenanzas que no sean cónsonas unas con otras, creando una confusión mayor en los consumidores y poniendo una carga excesiva en los comerciantes
«Aunque la fiscalización podría compartirse con los municipios, la ley debe establecer parámetros uniformes para todas las regiones de la isla», expresó.
Así mismo, el funcionario sostuvo que una de las preocupaciones recurrentes es el posible aumento en robos que habrá como consecuencia de la ley. No obstante, la ley permite que los comercios tengan la facultad de verificar que la fecha y la hora impresa en el recibo de compra corresponde efectivamente al momento que el cliente se dispone a salir del establecimiento comercial.
“Utilizando estos parámetros, mediante reglamentación, se puede aclarar qué tipo de medidas los comerciantes pueden adoptar para protegerse de los aumentos en los robos”, dijo Pierluisi.
El Secretario sostuvo, no obstante, que está de acuerdo con la parte del proyecto que elimina la facultad de DACO para imponer multas a los comercios que no posean envases para la recuperación y el reciclaje de las bolsas plásticas desechables. Estos asuntos les tocarán a las agencias que tienen los recursos técnicos necesarios como el DRNA, la ADS y JCA. Mantendría, sin embargo, la autoridad para dar avisos de cumplimiento e imponer multas a los comercios que continúen facilitando las bolsas plásticas.
«En DACO vamos a asegurarnos de que el cumplimiento de esta ley no represente una carga irrazonable para los consumidores», dijo.
