Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO – El representante José Aponte Hernández denunció hoy que la administración del gobernador Alejandro García Padilla, supuestamente está depositando los fondos federales que son asignados a las diferentes agencias que laboran con vivienda pública en cuentas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), lo que constituye violaciones a regulaciones y estatutos de ley federal.
Aponte Hernández informó además que la movida fue detectada por el gobierno federal, que exigió que no se depositara más ningún dinero federal en el BGF, los que estén depositados se transfieran inmediatamente a la banca comercial y requirió toda la documentación relacionada a estos depósitos para realizar una auditoría y fijar responsabilidad por los hechos.
“Se acaba de destapar la verdad. La administración del Partido Popular Democrático ha estado depositando, contrario a regulaciones, millones de dólares en fondos federales asignados al Departamento de la Vivienda, así como a la Administración de Vivienda Pública, entre otras, en el BGF. Esta es una violación crasa al Contrato Consolidado de Contribuciones Anuales (ACC por sus siglas en inglés) y así se lo dejaron saber al Secretario de Vivienda, Alberto Lastra. Se está violando la ley al realizarse estos depósitos. Ahora, con la intervención de los federales, la administración está corriendo a ver cómo encuentra dinero para resolver la insuficiencia causada por su temeridad al jugar con dineros que no eran del estado”, dijo Aponte Hernández en un comunicado de prensa.
Aponte Hernández reveló la existencia de una carta, suscrita por Jemine A. Bryon, asistente general de la Oficina de Vivienda India y Publica, adscrita al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, en la que la funcionaria le notifica a la administración local que violentó el ACC al realizar los depósitos de fondos federales en el BGF debido a que esa institución no cuenta con el Acuerdo General para Depósitos (Código de Regulaciones Federales [CRF] 24, s 982.16, Sección 13), un requisito para cualquier transacción que involucre dinero federal.
El legislador dijo que de acuerdo a la carta, el BGF no cuenta con la seguridad de estar garantizados por una entidad de seguros federal, como el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) u otra entidad similar, algo indispensable según se describe en el ACC.
Además, Aponte Hernández, señaló que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha estado en control de las asignaciones de fondos federales adjudicados a la Administración de Vivienda, algo que viola la subsección 990.310 del CFR 24.
“Más claro no se puede ser. La funcionaria le dijo a Lastra que violentó el ACC y el CFR. El resultado es que no se puede depositar más dinero federal en el BGF, tienen que sacar lo que estén ahí, y en este caso estamos hablando de fondos asignados al Plan 8 de ‘vouchers’ para pago de renta y vivienda para nuestra gente, entre otros fondos. Aquí el gobernador cree que puede hacer lo que quiera con los dineros de otros. Es obvio que depositó esos dineros, de forma ilegal, con el objetivo de que el BGF los utilizara para cuadrar la caja. La estrategia no funcionó, el gobierno federal se dio cuenta y está tomando acciones”, dijo el expresidente cameral.
De acuerdo al legislador novoprogresista, García Padilla intentó “pasar por la libre” los depósitos usando como escudo la Ley 24-2014.
“Esa Ley (24) no aplica a los fondos federales relacionados a vivienda pública y así la señora Bryon lo estipuló en su carta. El secretario sabía que no se podían hacer los depósitos y aún así continuó con la práctica. Inclusive, la carta que, al mismo tiempo, la funcionaria federal le envía al administrador de vivienda pública, Gabriel López, fue igual de enérgica al detallar las mismas violaciones. Inclusive, la Asistente General recalcó que de no hacer las correcciones requeridas, se tomará cualquier medida ‘necesaria’”, añadió.
Finalmente, el representante dijo que en el caso de las asignaciones federales para la Administración de Vivienda Pública, la Sección 9 del ACC requiere que la agencia deposite e invierta todos los fondos e inversiones recibidas de acuerdo a lo descrito en el Acuerdo General para Depósitos, siendo una de las principales clausulas el que la institución que se deposite cuente con garantías federales.