Foto aérea de la antigua base Roosevelt Roads. (Foto/Suministrada)
SAN JUAN – La Cámara de Representantes aprobó hoy, miércoles, a viva voz, la Resolución de la Cámara 275, que ordena a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Noreste, realizar una investigación abarcadora sobre el estado y los planes actuales de desarrollo para la antigua instalación militar Roosevelt Roads ubicada en el Municipio de Ceiba.
Desde el 2012, el Gobierno de Puerto Rico tiene en sus manos la posibilidad de desarrollar unas 8,720 cuerdas de terrenos que antes albergaban la operación de una de las bases más importantes de la Defensa de los Estados Unidos.
“No obstante, hemos notado que luego de varios años, el redesarrollo de este lugar no ha sido completado, apenas iniciado”, resaltó el representante Angel Matos García, en la exposición de motivos de la medida.
El pasado 20 de noviembre de 2002, el Departamento de la Defensa oficialmente reconoció al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), como la Autoridad para el desarrollo local de las facilidades ubicadas en la región noreste.
Ante esto, se firmó la Ley 508-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads”, a los fines de que por medio de esta autoridad adscrita al DDEC se canalizarán todos los planes.
El DDEC tiene la obligación de potenciar el espacio que, durante décadas, albergaba un aeropuerto, nueve muelles de gran calado, viviendas, hoteles, planta de tratamiento de aguas usadas, vertedero, tres balnearios, áreas recreativas y deportivas, escuelas, centros comerciales, apartamentos, y áreas de conservación ecológica.
Actualmente, la Autoridad de los Puertos y el Gobierno utilizan de Roosevelt Roads, esencialmente, las facilidades de aeropuerto y muelles. Sin embargo, se observan en el abandono miles de estructuras y terrenos aledaños a la zona que fueron utilizados en el pasado por militares y civiles.
La propuesta investigativa del portavoz de la Cámara explica que los terrenos y facilidades de Roosevelt Roads constituyeron un traspaso importante para el desarrollo de la región este de Puerto Rico.
“Este asunto nos obliga a unir esfuerzos y acciones que se ajusten a los reclamos ciudadanos, conforme al amplio potencial de desarrollo socioeconómico que representan estas facilidades. Tenemos ante nosotros una oportunidad única, real e irremplazable, para la creación de un programa económico y social de impacto positivo para la región este y para Puerto Rico”, rezó la medida.
Maldonado Martiz propone indagar sobre proceso de solicitud y entrega de incentivos para médicos puertorriqueños.
Las y los representantes avalaron también la Resolución de la Cámara 755, que ordena a la Comisión de Salud realizar una investigación sobre el incentivo para los médicos puertorriqueños bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de identificar cuántos profesionales de la salud se han beneficiado desde su aprobación.
La Ley 60-2019 añadió también enmiendas a la Ley 14-2017, conocida como “Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos”. En especial, para evitar el éxodo de médicos en Puerto Rico, mediante la otorgación de incentivos y crédito contributivo.
“A pesar de los esfuerzos realizados y la intención de las enmiendas realizadas a la Ley 60-2019, el DDEC ni el Ejecutivo, tampoco el Departamento de Salud han podido detener la fuga y el éxodo de estos profesionales de la salud, lo cual afecta la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, detalló la medida propuesta por el representante Kebin Maldonado Martiz.
Por otro lado, el cuerpo cameral avaló a viva voz la Resolución de la Cámara 261 radicada por el representante Juan José Santiago Nieves, que propone realizar un estudio exhaustivo sobre la institución del municipio.
Según Santiago Nieves, los municipios son el primer contacto entre el individuo y el Gobierno “por lo que es importante evaluar todo asunto relacionado con la implantación de la política pública de todos los servicios públicos y privados que inciden sobre la institución de los municipios”, expone el texto de la Resolución.
La legislación aprobada busca investigar también los servicios que presta la Oficina de Gerencia Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y otras instrumentalidades que prestan servicios a los municipios. A su vez, propone indagar sobre la protección de los derechos de los empleados públicos municipales; y los asuntos relacionados a los consorcios y el desarrollo de la mayor autonomía municipal “para la atención pronta de los problemas que afectan a los municipios”.
