EL CAPITOLIO- El economista, José Joaquín Villamil, compareció hoy a las vistas públicas que lleva la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, que analiza el informe del ‘General Accounting Office’ (GAO) sobre la Ley de Cabotaje y su implicaciones en la economía de Puerto Rico.

“Nos encontramos en este momento en lo que he llamado como desfase institucional, donde la legislación de Estados Unidos adopta para satisfacer una necesidad de ese país, pero que al aplicarse a Puerto Rico, no es necesariamente compatible con nuestra realidad, lo cual resulta en impactos inesperados y no necesariamente beneficiosos”, detalló Villamil en un comunicado de prensa.

El también presidente de la firma Estudios Técnicos Inc., criticó el informe del GAO sobre el tema.

“Se limitó esencialmente a entrevistas a personas de diversos sectores y no se hizo una investigación adicional más allá de hacer referencia a fuentes secundarias. Este informe sufre de un nivel muy alto de ambigüedad y contribuye poco a esclarecer las interrogantes sobre el tema”, denunció Villamil.

Durante la presentación, Villamil le recordó a la senadora Rossana López León, quien preside las vistas, que, “las cuatro compañías que le sirven a Puerto Rico fueron objeto de una demanda por parte del gobierno federal por sus acciones dirigidas a restringir la competencia”.

Además, reveló que el 62 por ciento del costo de transportar un furgón de Estados Unidos a Puerto Rico corresponden a los llamados ‘non-vessel costs’, o costos incurridos en los muelles.

“El mercado de carga marítima internacional no es competitiva, como se ha demostrado recientemente en una acción de la Comisión Europea contra 14 líneas de carga marítima, que fueron acusadas por las mismas razones por las cuales el gobierno federal demandó a las líneas que sirven a Puerto Rico. Además, el mercado de carga marítima es volátil y tiene ciclos de exceso de capacidad y falta de ella, lo que incide en los costos”, explicó el economista.