Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El liderato de varias organizaciones profesionales y de derechos civiles denunciaron hoy que la Iglesia Católica no puede argumentar estar exenta de la gestión de investigación del Estado debido al principio de separación de Iglesia y Estado, o invocando reglamentación interna de ninguna naturaleza.
Representantes del Colegio de Abogados, Amnistía Internacional, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación puertorriqueña de Psicología, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, Humanistas Seculares de Puerto Rico y el Movimiento Amplio de Mujeres hicieron sus expresiones en torno a la postura de la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica, de negarse a brindar información a las autoridades estatales sobre casos de abusos sexuales cometidos por miembros de dicha Iglesia.
“Debemos aclarar que la cláusula constitucional de separación de Iglesia y Estado nada tiene que ver con el asunto en discusión y no puede ser invocada para privar a las Autoridades del Estado de su obligación de investigar y sancionar la comisión de delitos en nuestra jurisdicción. Esta cláusula no puede ser invocada para crear la impresión de que las autoridades eclesiásticas están por encima de la ley, o que los delitos que se puedan haber cometido por el clero no pueden ser castigados por las autoridades civiles”, señaló la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén.
Recientemente fueron revelados varios casos en los que sacerdotes católicos adscritos a la Diócesis de Arecibo abusaron sexualmente de miembros de su feligresía, particularmente menores. En declaraciones oficiales, la Diócesis rechazo los requerimientos del Departamento de Justicia a los efectos de proveer información relacionada con los casos aduciendo a su interés de velar por el derecho a la intimidad de las víctimas.
Para el abogado Osvaldo Burgos, de la Comisión de Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales del Colegio de Abogados, es incuestionable que las víctimas de delito tienen el derecho a proteger su intimidad, pero la Iglesia no puede presentarse como la única entidad capaz de ofrecer dicha protección.
“Las víctimas tiene derecho a que se proteja su integridad y su dignidad. El Estado tiene herramientas para la protección, e incluso para la compensación de víctimas. En nuestro estado de derecho existen herramientas suficientes para garantizar a esas víctimas su confidencialidad”, recalcó Burgos.
De acuerdo con el letrado, ninguna entidad pública o privada puede invocar reglamentación interna que limite al Estado en el descargue de su responsabilidad de investigar crímenes y procesar los casos cuando éstos ocurren.
Amarilis Pagán, del Comité Amplio, caracterizó la posición de la Diócesis de Arecibo como proveedora de “un manto de impunidad” para aquellas personas que dentro de la Diócesis hayan podido haber cometido delitos contra menores de edad. Pagán denunció además, que esta postura es contraria a la asumida por la Diócesis en ocasiones anteriores, particularmente en lo relacionado a los derechos de las comunidades LGBTT.
