Traigo la atención del allanamiento de Island Express en Fajardo por parte del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico de la Región de Fajardo. Se ha dejado fuera un aspecto de la permisología como medida cooperativa para la reducción de la ola criminal. Tanto la Policía de Puerto Rico como O.I.G.P.E. trabajan en forma desvinculada, aun cuando la ley provee para revocar permisos a negocios que alteren la misma.

El problema también estriba en que la Policía resuelve el problema en forma circunstancial; no hay profundidad en mantener datos técnicos de infracción de los negocios que así permitan tener una base para futuras intervenciones. La actividad criminal debe verse en dos direcciones: la radicación de cargos criminales y administrativos. Esto se puede lograr dividiendo el procesamiento de la actividad criminal en tres componentes:

La investigación no solo debe basarse en resolver el problema sino en recopilar información que ayude a mantener una base de datos que ubiquen el negocio, y si ha habido faltas anteriores para que se mantenga un Registro de Infracción. Esta parte puede asignársele a la Universidad de Puerto Rico, Instituto de Estadísticas o a la División de Cumplimiento de la Oficina de Inspección de Gerencia de Permisos o grupos de profesionales autorizados creados por la Ley 161 del 2012 que se encarguen de recopilar estos datos.

Los costos asociados al mismo provendrían de una multa al establecimiento que sea impuesta por legislación, ya sea obtenida del dinero incautado o que la pague el dueño. Ello aplicaría cuando ocurren accidentes, incendios que serían negligencia de cualquier fuente. Para este punto deberían modificarse los siguientes Negociados de la Policía: Control del Vicio, Cuerpo de Investigaciones Criminales, División de Vehículos Hurtados.