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SAN JUAN – La Cámara de Representantes aprobó el martes, una medida que busca establecer como obligación a los tribunales la imposición de supervisión electrónica o “grillete” a toda persona imputada de violencia doméstica.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria, el Proyecto de la Cámara 2013 recibió 41 votos a favor y uno en contra. La pieza legislativa fue radicada el pasado 30 de enero por el presidente cameral Rafael Hernández Montañez junto a los representantes Luis Ortiz Lugo y Ángel Peña Ramírez, en respuesta a la ola de violencia de género y feminicidios reportados en la isla desde que comenzó el 2024.
Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) se unieron como coautores de la medida.
“La Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, la Ley 99-2009, según enmendada, y muchas otras han sido importantes en la lucha por erradicar la violencia de género. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer”, reza la exposición de motivos del proyecto.
La medida, que recibió una serie de enmiendas en sala, también persigue incluir la supervisión electrónica en todo caso en el que se configure conducta criminal constitutiva de violencia doméstica, aunque no surja de la Ley 54 de 1989.
En síntesis, el proyecto enmendaría el artículo 3 de la Ley 99-2009, mejor conocida como la Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica.
Como parte de la exposición de motivos, la medida repasa que durante la pasada Asamblea Legislativa se aprobó la Ley 48-2019, que enmendó la Ley 99, con el propósito de que se le provea a la víctima una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés) para ser usada en teléfonos, relojes inteligentes o cualquier otro aparato tecnológico similar dentro de la distancia dispuesta por la orden del tribunal.
Asimismo, la presente Asamblea Legislativa aprobó la Ley 89-2023, la cual introdujo cambios adicionales a la Ley 99 y el pasado 18 de enero se llevó a cabo una vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 227.
Esta resolución dio paso a una investigación sobre la implementación y el cumplimiento en Puerto Rico con el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia doméstica. En la referida vista, el Departamento de Justicia compartió su experiencia en los tribunales e indicó que los jueces tenían diferentes interpretaciones con relación a la obligatoriedad de imponer la supervisión electrónica.
Además, la agencia puntualizó que había otras conductas criminales constitutivas de violencia doméstica que no estaban incluidas en el estado de derecho vigente. La Comisión de Seguridad Pública posteriormente solicitó a Justicia un escrito con las enmiendas sugeridas a la ley, pero nunca fue entregado.
“Entendemos meritorio que se enmiende nuevamente la Ley 99-2009 para proveer mayores protecciones a las víctimas de violencia doméstica”, lee la pieza legislativa.
Avalan parámetros para incentivo de $250 millones
Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 606 para disponer los parámetros a ser utilizados por el Departamento de Hacienda en la distribución del incentivo económico de 250 millones de dólares para el año contributivo 2023.
La medida, radicada por las delegaciones del PPD y PNP, establece el proceso que seguirá Hacienda para calcular el incentivo y lo relativo al pago a ciertos individuos, incluyendo aquellos casos en los que el contribuyente tiene ingresos sujetos a tasas preferenciales y en los que se radica una planilla conjunta con el cónyuge.
La pieza fue aprobada unánimemente con 42 votos a favor a la luz de la intención legislativa esbozada en la Resolución Conjunta de la Cámara 583, que aprobó el incentivo contributivo.
