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mayo 29, 2024
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El partidismo derrotó el consenso en la CEE

Los comisionados electorales José F. Córdova Iturregui (alterno) y Lillian Aponte Dones (ambos del MVC), Nelson Rosario Rodríguez (PD) y Roberto Iván Aponte Berríos (PIP) explican que quedaron excluidos de la discusión de los asuntos administrativos de la CEE. (Foto por Tammy Olivencia | Cámara de Representantes)
Los comisionados electorales José F. Córdova Iturregui (alterno) y Lillian Aponte Dones (ambos del MVC), Nelson Rosario Rodríguez (PD) y Roberto Iván Aponte Berríos (PIP) explican que quedaron excluidos de la discusión de los asuntos administrativos de la CEE. (Foto por Tammy Olivencia | Cámara de Representantes)

Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo

A pesar de los pleitos judiciales y políticos que generó el Código Electoral de 2020 durante las elecciones de ese año, y las promesas de hacerle enmiendas sustanciales, el ciclo electoral actual inició con el estatuto prácticamente inalterado.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) funciona ahora como una agencia más de Gobierno en la que, desde la presidencia controlada hoy día por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se toman todas las decisiones sobre presupuesto y los nombramientos de los directores de las oficinas administrativas, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD) dijeron al CPI — en entrevistas separadas — que no tienen participación en las operaciones diarias administrativas de la CEE, a diferencia de lo que ocurría antes.

Los comisionados del PPD y el PIP también explicaron que, con la aplicación del nuevo código, este cuatrienio se quedaron fuera del proceso de reclutamiento y asignaciones presupuestarias, salvo las de sus propias oficinas. Sí intervienen y se les ofrecen informes sobre los asuntos electorales, dijeron.

Historial legislativo

Desde enero de 2021, se presentaron proyectos legislativos para derogar o enmendar significativamente el nuevo Código Electoral aprobado por el PNP, pero, según José “Conny” Varela, presidente de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, ninguna de las medidas logró convertirse en ley debido a la oposición del ese partido a hacerle cambios trascendentales. Más de una decena de fuentes consultadas por el CPI coincidieron con esta explicación.

Las disputas dentro del PPD, que preside ambas cámaras legislativas, también le impidieron cumplir con la promesa de campaña de cambiar el Código Electoral durante este cuatrienio. Por ejemplo, después de que el representante Varela trabajó por casi un año en un Proyecto Sustitutivo, el 27 de mayo de 2022 el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y su delegación presentaron un proyecto distinto en ese cuerpo legislativo.

La negociación en la Asamblea Legislativa representando al PNP para las enmiendas al Código Electoral no estuvo a cargo de ninguno de los miembros de los cuerpos legislativos, sino de Edwin Mundo Ríos, a quien el presidente del PNP, el gobernador Pedro Pierluisi, desde enero de 2021, le había encomendado la evaluación de posibles reformas y enmiendas al Código Electoral.

“Senté en la mesa a todos los partidos. Pero, te tengo que admitir que cuando iniciamos estas reuniones Edwin Mundo dijo que lo único que estaba dispuesto a cambiar era el horario de votación de los colegios y bajar la edad para el voto adelantado”, dijo Varela.

Mundo Ríos lo negó. En cambio, dijo que en la Legislatura “nunca hubo ambiente” para lograr un consenso entre todos los partidos. “Te tengo que confesar, porque no yo solamente, todos nos atrincheramos en nuestras posiciones y esa es la realidad”.

El PPD podía aprobar una medida solo con los votos de su delegación, la del PIP, el MVC y el PD. Aunque no necesitaba al PNP para aprobar el proyecto, sí necesitaba la firma del Gobernador para convertirlo en Ley, pues la Asamblea Legislativa no puede ir por encima de un veto de bolsillo. Y si fuera un veto expreso, se necesitaría dos terceras partes con las que no cuentan las minorías legislativas.

Para la vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, el PPD perdió la oportunidad de lograr un proyecto de consenso para un nuevo Código Electoral. Por un lado, en el Senado, se proponían enmiendas cosméticas, y en la Cámara, bajo el liderato de Varela, se les presentó a las minorías lo que debía enmendarse, en lugar de partir desde cero para atender los defectos que, a su juicio, tiene el Código vigente, dijo Santiago.

“Insistimos con el representante Varela, y en todos los foros, de que tenemos que sentarnos todos y empezar desde cero y no intentar poner parchos a una medida que tan mal había funcionado”, dijo la Senadora.

Finalmente, en junio de 2023 se aprobó un proyecto avalado por todas las delegaciones legislativas, excepto la del PNP, pero que fue vetado por el Gobernador en acuerdo con el comité de conferencia de su partido.

Hasta ahora, la única enmienda que se ha hecho al Código Electoral es una aprobada en enero de 2024 que añadió ​​que, a partir de la reunión mensual que tienen las comisiones locales para evaluar las transacciones de los electores y las defunciones notificadas por el Registro Demográfico, “los partidos políticos o los electores del precinto tendrán 10 días para presentar las solicitudes de recusaciones que entendieren procedentes”. La Ley 58-2020 no imponía un término. El proyecto fue presentado por Dalmau Santiago y por el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz.

La participación de la Junta de Control Fiscal ha añadido presión al proceso, pues sus planes fiscales ordenaban recortes anuales de un 32% del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, la eliminación de sobre 300 plazas y la consolidación de las Juntas de Inscripción Permanentes para una reducción operacional.

Participación limitada

La comisionada electoral del PPD, Karla Angleró González, indicó que cuando fue comisionada alterna de 2017 al 2019 “el presupuesto de la CEE se aprobaba por los comisionados”. En este nuevo término, como comisionada desde junio de 2023, solo se le solicitó una propuesta de presupuesto para la oficina del PPD y sus primarias, dijo.

La participación de los partidos de oposición en los procesos de subasta de la CEE también es muy limitada. “Nos dan los informes y se aprueban los pliegos en Comisión, previo a la subasta, pero no tengo representante en la Junta [de Subastas]”, explicó Angleró González.

Asimismo, la comisionada del MVC, Lillian Aponte Dones, dijo que es tan poca la información que los comisionados reciben de la presidencia de la CEE que tuvo que hacer un requerimiento de información a la Presidencia para enterarse sobre algunas partidas presupuestarias, incluyendo los fondos federales que recibe la CEE, y el uso que se les da.

“La CEE se llama Comisión porque se supone que sea administrada por comisionados, y tenía un presidente que era básicamente un director ejecutivo. El nuevo código vira el concepto y convierte la CEE en una agencia que la corre el presidente”, analizó una fuente del CPI, quien prefirió mantenerse anónima por razones de su empleo.

El exvicepresidente de la CEE por el PIP, Carlos Avilés, coincidió en que la nueva estructura lacera el balance en las decisiones, provocando que recaigan en un solo partido. Sostuvo que el PIP llegó a tener directores de oficinas administrativas, pero “eso desapareció. Ahí manda un partido que es el que prácticamente tiene toda la responsabilidad”.

Para el excomisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio Acha, el PNP utilizó el asunto del recorte de gastos como excusa para eliminar las vicepresidencias de cada partido, el balance político en las oficinas de la CEE y cambiar la posición de presidente como un administrador que se encargaría de todo. Para intentar dar la apariencia de independencia de criterio, el Código aprobado en 2020 mantuvo que el presidente tendría que venir de la judicatura, intentando hacer ver que no beneficiaría a un partido sobre otro, pero en Puerto Rico, los jueces son nombrados por los partidos de turno, señaló San Antonio Acha.

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