Por Eliván Martínez Mercado, Centro de Periodismo Investigativo
SAN JUAN – En San Juan ya no hay que pagar el impuesto secreto de Jorge Santini. La nueva administración municipal detuvo el cobro ilegal con el que el ex alcalde recaudó unos $20 millones que debió depositar en una cuenta especial para costear la conservación de tierras de valor ecológico al sur del Municipio. Esto sin embargo, no ocurrió.
Y tras llegar a la Alcaldía hace seis meses, la actual administración se encontró con que no tiene información certera sobre qué pasó con esos fondos. Sólo 20 personas tuvieron la suerte de pagar menos de $200 por ese impuesto secreto. En la lista destaca el nombre del propio ex alcalde. Tras pedir un permiso de construcción, Jorge Santini pagó, el 16 de junio de 2005, sólo $130.
La información surge de una lista de nombres de 1,116 personas, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas a las que, durante los pasados 10 años, les obligaron a hacer el pago al pedir autorización para construir en San Juan.
La lista incluye una enumeración parcial de víctimas, puesto que el Departamento de Finanzas no ha podido todavía localizar todas las transacciones.
Los que pagaron más que Santini
Las principales víctimas de ese cobro, según documentos del Departamento de Finanzas de San Juan, fueron empresas de la industria inmobiliaria. Entre estas, el quebrado proyecto de apartamentos Ciudadela de Santurce Inc., que pagó $677,750, Swiss Chalets Inc. ($559,825), Loft at Ponce de León, Inc. ($289,450), Pancar Development Corp. ($260,829) y la constructora del polémico proyecto Paseo Caribe, San Gerónimo Caribe Project ($218,130).
También cayó el Sistema Universitario Ana G. Méndez ($322,010), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que es una institución pública ($268, 410) y hasta el First Bank ($237,240), entre otros.
Hubo ciudadanos como Rina Landrau, residente del Caño Martín Peña, quien tuvo que pagar $2,050 por cambios menores en su residencia. Landrau posee un documento en el que consta su pago. Pero su nombre no aparece en la lista de cobros hechos. Esto confirma que hay transacciones que el Departamento de Finanzas no ha podido identificar.
Se inicia investigación
La Legislatura Municipal inició una investigación especial sobre el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD), el instrumento de planificación urbana que la administración Santini tergiversó para hacer un patrón de cobros que pocos entendían y que se convirtió en el impuesto secreto.
La nueva administración de la Capital detuvo el Programa de TDD en marzo pasado, luego de un escrutinio en las divisiones de Finanzas, Permisos y Planificación, que se hizo eco de las denuncias del Centro de Periodismo Investigativo en la serie especial El impuesto secreto del alcalde Santini.
“Estoy tratando de usar el Programa de TDD para el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, y me enfrento a que lo que tengo es un desprestigio cada vez que hablo de eso”, dijo el presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, quien colaboró con la redacción de un capítulo de la Ley de Municipios Autónomos que permite la creación de los TDD. “Todo el mundo habla de que en el Municipio de San Juan los TDD son una trampa”.
El Programa de TDD, según la versión Santini, nunca cumplió con el propósito principal que lo creó. Debía conservar 3,000 cuerdas de bosques en 684 terrenos privados en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de San Juan, según el Plan de Ordenación Territorial del Municipio.
La cuenta especial del Banco Popular #030402719, en la que debía depositarse el dinero recaudado del cobro del Programa de TDD, está inactiva, según descubrió el CPI. La administración Santini nunca usó esa cuenta, que tiene un balance de $0, confirmó el Departamento de Finanzas.
Así las cosas, la actual administración sólo puede dar fe de unos $11.3 millones del programa de TDD, que fueron depositados en la cuenta corriente del Municipio. “Los fondos recaudados bajo el programa de TDD se usaron para sufragar gastos del fondo general”, aseguró Francisco J. Medina, quien dirigió brevemente la Oficina de Finanzas durante los primeros meses del nuevo gobierno capitalino. Las expresiones las hizo durante una comparecencia ante la Legislatura Municipal, como parte de la investigación que realiza ese cuerpo sobre el Programa de TDD.
Es decir, que la parte del dinero que se pudo identificar como cobrado no se usó para conservar las tierras, se depositó en otra cuenta general y se gastó, mientras que del dinero restante, $9.7 millones, no se sabe nada.
El legislador municipal Iván Puig, director de la Comisión de Urbanismo, Infraestructura y Ambiente de la Legislatura Municipal, sostuvo que por ahora no se está buscando específicamente el ángulo de malversación de fondos por parte de Santini. “Si de la investigación se desprende, el asunto de malversación de fondos será un hallazgo y daremos el próximo paso”, dijo.
Los TDD lo debían pagar legalmente quienes querían construir una estructura adicional por encima del límite que les permitía su zonificación, digamos en Santurce, lo que podían hacer comprando derechos de desarrollo a los propietarios que iban a conservar las tierras de valor ecológico, digamos que en Cupey. La administración Santini en cambio, los cobró de manera indiscriminada, hasta que en 2007 se agotaron todos los derechos de desarrollo que se podían transferir legalmente. Pero aun así Santini los siguió cobrando hasta que la nueva administración los detuvo en 2013.
El Municipio de San Juan desconoce cuánto se cobró realmente del Programa del TDD de 2008 en adelante porque no había una bitácora que mantuviera la correspondencia entre cobros y los derechos de desarrollo alegadamente vendidos. La cifra de $20 millones la obtuvo el CPI de un documento de la administración anterior, que era parte de la revisión del Plan Territorial de San Juan.
“El programa se implantó mal y no cumple con lo que dice la ley, eso está claro”, sostuvo el planificador José Rivera Santana, actual director de Planificación, Ambiente y Urbanismo del Municipio de San Juan. La Oficina del Contralor sostiene que en este momento no está investigando el caso, y el Departamento de Justicia indicó que no ha iniciado una investigación porque no tiene una querella.
Como parte de la investigación interna del Municipio, la oficina de Planificación encontró una carta del 27 de febrero de 2006, en la que el antiguo director de esa dependencia municipal, Bijan Ashrafi, denunciaba desde entonces que el dinero no se estaba depositando en la cuenta especial como mandaba la ley. Tras su advertencia, Bijan Ashrafi fue relevado de la dirección del programa el cual pasó a la Oficina de Permisos.
El Artículo 264, del Código Penal de 2012, dice sobre la malversación de fondos públicos que se sancionará a todo empleado gubernamental responsable directa o indirectamente de fondos públicos, que los utilice para un fin no autorizado o contrario a la ley, o que los deposite en una cuenta sin autorización o de manera contraria a la ley.
