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SAN JUAN – La secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la licenciada Lisoannette González Ruíz, junto al secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, anunciaron el desarrollo de un detallado estudio económico y legal dirigido a evaluar los aspectos en los que pueden intervenir las dependencias para garantizar los derechos de los consumidores.
“En el DACO estamos muy pendientes a los cambios en el mercado para delinear acciones a favor de la defensa de los derechos de los consumidores. Un área que es de suma importancia para los consumidores es lo relacionado a la canasta básica de alimentos, la cual incluye productos de necesidad imperante como pan, leche, quesos, huevos, arroz, carne, frutas y verduras y los altos costos de la misma que se estiman en unos $161.00 al mes. Con el propósito de evaluar las posibles acciones que puede tomar DACO para asistir a los consumidores a enfrentar vertiginosos aumentos en la canasta básica, estamos encomendando un estudio económico y legal”, señaló la secretaria interina del DACO.
Por otro lado, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, dijo que “la colaboración entre ambos entes gubernamentales siempre ha sido abierta para atender de forma justa y transparente el mercado y los consumidores. Por tal razón, ante la preocupación del aumento en precio de venta de productos en la canasta básica, como el huevo, hemos comenzado a establecer un estudio económico exhaustivo para estudiar los precios a nivel de finca y a nivel de detallista con el fin de asegurar de que sean razonables los márgenes de ganancia sin afectar al consumidor”.
De acuerdo con varios estudios, incluyendo uno emitido por la empresa PICODI, los precios en las carnes, verduras, frutas y pan impulsan el aumento en el costo de la canasta básica en la Isla. El informe también detalla que el 85 por ciento de los productos de la canasta son importados.
“Nos encontramos en un momento histórico, atravesando los efectos secundarios de la pandemia del COVID-19 con relación al disloque en la actividad agrícola y las líneas de producción en todo el mundo, así como aumentos en la tasa de inflación. El norte de este estudio es determinar los marcos legales en los cuales el DACO pudiera actuar y las acciones, si alguna, que podemos tomar para garantizar los derechos de los consumidores en Puerto Rico”, dijo González Ruíz.
Asimismo, González detalló que, es importante realizar este tipo de estudio y tomar acciones regulatorias para evaluar que no haya una competencia desleal y proteger nuestra agricultura al igual que a los consumidores. “Es de suma importancia para nosotros como gobierno el promover el desarrollo agrícola, pero para esto, debemos proteger lo que producimos y que la cadena de suministro de este alimento sea remunerada justamente al igual que, el precio que se le impone a los consumidores. Si queremos sustentabilidad alimentaria debemos salvaguardar nuestra agricultura y hacer que los productos locales sean costo efectivo para los consumidores”.
La secretaria interina indicó que el estudio estará listo en un período que no exceda los 120 días.
“Este estudio es importante porque, de acuerdo a varios informes económicos, el consumidor gasta sobre el 12 por ciento de su sueldo en alimentos todos los meses, esa es una cifra robusta. El DACO siempre ha estado bien activo en velar el alza en precios y tomar acción, en los campos que tenemos injerencia, a favor de los consumidores. Las conclusiones del estudio serán compartidas con otras agencias gubernamentales y la Asamblea Legislativa, incluyendo sus recomendaciones, para que se evalúe las propuestas y acciones futuras para atender esta situación”, concluyó diciendo la titular del DACO.
