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SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia comenzó una campaña por las redes sociales donde contabiliza los días en que se lleva a cabo la Sesión Extraordinaria en la que se busca aprobar el Proyecto del Senado 931 que pasaría fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para “atajar” el aumento en la luz y el agua.
“Llevas 13 días pagando más por la luz y el agua porque la legislatura del Partido Popular Democrático sigue obstinada en no darte un alivio aprobando el PS 931”, escribió el mandatario junto a una gráfica en la que plasma los días en que no se ha aprobado el proyecto desde que convocó a la Sesión Extraordinaria.
Precisamente dicho proyecto pretende pasar 225.5 millones de dólares para asignar 20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el resto, unos 205.5 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para contrarrestar el alza en precio de los combustibles.
Por ello, el Negociado de Energía aprobó un aumento en la tarifa energética que eleva el costo del kilovatio-hora a 34 centavos.
El martes, durante el inicio de vista pública sobre la evaluación del Proyecto del Senado 931, que busca crear la “Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de Energía en Puerto Rico”, los presidentes del Negociado de Energía (NE), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) favorecieron la pieza legislativa, aunque no se identificó una fuente de repago a la Corporación.
La audiencia se llevó a cabo de manera conjunta a través de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau y la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, para la evaluación de la medida, que busca transferir de la CFSE la cantidad de 145 millones de dólares para la AEE y 20 millones de dólares para la AAA para que el consumidor no pague el reciente aumento tarifario.
“El Negociado de Energía está de acuerdo con la medida propuesta, ya que ayudaría a mitigar y reducir el impacto en el incremento de la factura al consumidor. No obstante, entendemos prudente tomar en consideración toda expresión que haga la Corporación del Fondo del Seguro del Estado sobre dicho proyecto”, expresó Edison Avilés, presidente del NE. Asimismo, reiteró que favorece cualquier esfuerzo dirigido a procurar la estabilidad financiera de la AEE sin afectar el bolsillo de los consumidores.
Aponte Dalmau cuestionó si debe ser responsabilidad del estado mitigar el aumento tarifario como consecuencia directa de servicios inflacionarios a través de un aumento en costo de combustible por una situación mundial. Avilés respondió que “la discusión sale del ámbito tarifario por unas condiciones extraordinarias…si analizamos lo ocurrido antes, como por ejemplo fondos federales, sí se ha utilizado. Estamos ante una situación extraordinaria”.
Avilés, también hizo referencia a “la situación de la guerra que ha disparado los costos del combustible y tiene un efecto devastador en el bolsillo del consumidor. Esto es más una pregunta de política pública y le corresponde a ustedes establecerla y nosotros implementarla”.
En su turno, el senador Ruíz Nieves preguntó sobre el impacto en la baja del precio de combustible reciente. Avilés respondió que corresponde hacer una reconciliación acelerada para reconsiderar los factores. Señaló, además, a preguntas del senador, que la medida actual se volvería académica a fin de mes si no se aclara que sea retroactivo.
Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, cuestionó si dicha inyección de fondos permitiría evitar el aumento de la tarifa y por cuánto tiempo. Avilés indicó que sería un trimestre. Bernabe resaltó que “lo que me preocupa es que para evitar el aumento de la tarifa sacamos dinero del Fondo. Si se mantiene el precio del petróleo, ya utilizamos los fondos y estaríamos de nuevo en el dilema. Me parece que no es un camino sostenible lo que aquí se está planteando”.
A preguntas de los miembros de la Comisión, Avilés afirmó que hay 44 millones de dólares que pasarían como crédito al consumidor por un alza reciente de subvención de FEMA a la AEE por la compra de combustible desde el mes de marzo. Sin embargo, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, indicó que dicha información no es correcta porque es un dinero que no tienen en caja en este momento y que en la eventualidad de recibir los fondos se estaría notificando al Negociado para devolver el dinero a los clientes, pero ese proceso con FEMA puede tardar meses.
Por su parte, el director ejecutivo de la AEE sostuvo que favorece el PS931. “La Autoridad favorece cualquier medida que ayude a mitigar los altos costos de combustible y beneficie directamente a todos los clientes del sistema esencial de energía eléctrica. Un crédito redundará en la disminución en el Factor de Ajuste por Combustible, el cual es calculado por LUMA Energy y presentado para aprobación por el Negociado de Energía”, afirmó Colón. A preguntas del senador Aponte Dalmau, Colón respondió que “la solución al problema de hoy en día no hay otra manera que no sea mitigando ese costo de combustible”.
Por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, preguntó cuánto representa el porciento de 3 mil millones de dólares que gasta la AEE por año fiscal en la compra de combustible relacionado a los 145 millones de dólares que saldrían de la CFSE. Colón respondió que representa alrededor de 4.8 por ciento y añadió que el mes pasado la AEE gastó 300 millones de dólares en compra de combustible. De otra parte, el senador Juan Zaragoza Gómez, advirtió que, si se llegara a enmendar la medida para que el repago a la CFSE salga del fondo general, entonces tendría que enmendar el plan fiscal y entraría entonces la Junta de Supervisión Fiscal.
Mientras, la senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme, cuestionó qué alternativas existen para bajar el costo de producción y servicio, y si la respuesta pudiera ser a través de energía renovable. Colón indicó que el costo del kilovatio tiene varios componentes y el mayor de todos es la compra de combustible. Añadió que como sistema se debe tener una mezcla donde la mayor sea la renovable reduciendo el combustible fósil, además de otras tecnologías y no se puede cerrar a ninguna alternativa.
Por otra parte, el administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa, expresó que “puntualizamos que no se afectará el Fondo de Reserva (reserva actuarial) de la Corporación, que tiene como propósito garantizar las reclamaciones, compensaciones y servicios de salud de los pensionados. La transferencia de fondos será realizada de la cuenta de concentración de efectivo, que contiene al presente los ahorros producto de las eficiencias logradas por los pasados seis años. A manera de ejemplo, en enero 2017, recibimos esta cuenta con un balance de 10 millones de dólares aproximados. Hoy día, la misma posee un balance aproximado de 465 millones de dólares”, destacó Rodríguez, quien añadió que esta determinación no implica una futura privatización de la Corporación.
A preguntas de la Comisión, Rodríguez sostuvo que la CFSE ha logrado tener más ingresos que gastos durante los pasados años. Igualmente, indicó que la captación ha sido un factor en términos del aumento de fondos de la Corporación. Igualmente, a preguntas sobre la alternativa de repago, el administrador de la CFSE mencionó que tendrían que hacer un plan y buscar las alternativas.
Mientras, la Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE, a través de su presidente, José Ortiz, se expresó en contra de la medida “Todo excedente o superávit por año fiscal en la CFSE, no deberá ser comprometido para otras dependencias gubernamentales, que no sea para asuntos relacionados a los servicios que presta. Ese dinero deberá estar disponible cuando existan gastos no previstos, como lo son compras de equipos médicos de tecnología avanzada que agilice los procesos de rehabilitación de los lesionados”, sostuvo Ortiz.
En iguales términos, Juan Osorio, presidente de la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE dijo que “este proyecto de ley no cumple con los elementos básicos de la sana administración pública y mucho menos con las mejores prácticas de la industria de seguros. Afectará la posición financiera de la Corporación y abre la puerta para futuras transferencias de los recursos económicos”.
