VIEQUES – El Colectivo Somos Más Que 100 x 35, compuesto por residentes, comerciantes y organizaciones de Vieques y Culebra, sometió una solicitud para que se paralice la negociación del contrato de alianza público-privada para la operación del transporte marítimo por los siguientes 23 años. Esto “ante la falta de información sobre el proyecto y la crisis de gobernanza que sufre el país”.
“Tenemos temor que antes de la salida del gobernador Rosselló el próximo viernes, 2 de agosto, se firme un contrato que ocasione caos peor que cuando se mudó el terminal de Fajardo a Ceiba. El proceso de privatización ha sido uno caracterizado por la falta de transparencia, la falta de información y por no consultar a las comunidades afectadas, específicamente a los residentes de Vieques y Culebra”, sostuvo Elda Guadalupe, legisladora municipal independiente de Vieques y líder del Colectivo.
Desde el 2016 se viene impulsando este modelo como una solución al deficiente servicio que ofrece la Autoridad de Transporte Marítimo, pero, según la legisladora municipal, adolece de una pobre planificación que ha resultado en que solo dos compañías llegaran a la fase de propuesta: Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) y HMS Ferries, Inc. “No sabemos si el proceso ha sido uno verdaderamente competitivo o negociado en el mejor interés público,” añadió Jorge Nales, también líder del Colectivo por parte de los comerciantes de Vieques.
“Anunciaron que estaban negociando un contrato con la compañía favorecida, pero ante las recientes bajas en la cúpula del gobierno y hay mucha incertidumbre en cuanto a la continuidad de proyectos del gobernador. Desconocemos si las negociaciones siguen en pie o qué va a pasar con el servicio luego de que culmine el contrato actual con PRFF que ha costado millones de dólares,” indicó Dolly Camareno, líder de Culebra y miembro del Colectivo.
Aunque no ha sido catalogado como un servicio esencial bajo la ley PROMESA, el Colectivo sostiene que la ley habilitadora de la ATM (Ley 1-2000) establece que la agencia fue creada con el propósito de proveer una función esencial del gobierno.
La Resolución aprobada por el Colectivo se funda en principios de justicia, transparencia y derechos humanos al resistir la implantación de una APP a ciegas. «Queremos un servicio público de alta calidad, financiado con fondos públicos, que sea democráticamente controlado, con amplia participación y monitoreo de la ciudadanía y donde tengan que rendir cuentas. Tenemos que proteger el bienestar de nuestras comunidades en Vieques y Culebra», dijo Sylvia Lleras Silva, residente de Culebra.
