SAN JUAN – La jueza federal de distrito Aida Delgado Colón sentenció a dos exempleados del Departamento de Hacienda (DH) por extorsión, anunció el martes la fiscal federal del distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
“El 2 de marzo de 2017, un gran jurado federal presentó una acusación de dos cargos contra Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo Torres, dos agentes del Departamento de Hacienda acusándolos de un cargo de extorsión y uno recuento de aceptación de sobornos en su rol como agentes del Departamento Hacienda”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.
La funcionaria detalló que Aponte Hernández se declaró culpable de un cargo de extorsión el 31 de agosto de 2017 y fue sentenciado a seis meses de prisión, seis meses de encarcelamiento en el hogar, un año de libertad supervisada y 150 horas de servicio comunitario. Mientras, Collazo Torres se declaró culpable de un cargo de extorsión el 12 de octubre de 2017 y fue sentenciado a un año de encarcelamiento domiciliario, tres años de libertad condicional y 150 horas de servicio comunitario.
“La evidencia del gobierno mostró que alrededor del 10 de junio de 2015, Aponte Hernández y Collazo Torres confiscaron tres máquinas de entretenimiento para adultos que tenían licencias caducadas de una tienda en Río Piedras. El propietario de las máquinas contactó a Aponte Hernández, quien exigió 3,000 dólares por el regreso de las máquinas y una exención de la multa. El dueño de las máquinas negoció con Aponte Hernández y Collazo Torres y las partes finalmente acordaron que el propietario de las máquinas pagaría 1,500 dólares en efectivo a los agentes a cambio de la devolución de las máquinas”, precisó la fiscal federal.
Agregó que más tarde, ese mismo día, el propietario de las máquinas se reunió con Aponte Hernández y Collazo Torres y a cambio de 1,500 dólares, se le entregaron las máquinas de entretenimiento. El acusado y otros agentes luego dividen los 1,500 dólares entre ellos. Este pago en efectivo nunca fue reportado a Hacienda y los demandados no tenían autoridad para negociar esta transacción ilícita.
El caso fue procesado por el fiscal auxiliar de los Estados Unidos Nicholas W. Cannon y la investigación fue dirigida por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) con la colaboración del DH.
