SAN JUAN – El secretario de la Gobernación, William Villafañe, la salió al paso al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Ramón Ruiz Comas, quien, a su juicio, “de manera contradictoria”, el lunes anticipó que el organismo federal pudiera no aceptar el Plan Fiscal que el Gobierno estará presentando, mientras reconocía que es el gobernador quien establece la política pública.
«Los funcionarios de la Junta no pueden actuar al margen de la Ley que creó ese organismo. Forzar la implementación de un Plan Fiscal que afecte los servicios esenciales para el Pueblo, implicaría actuar contrario a la Ley PROMESA. La Junta está advertida que deben actuar conforme lo dispone la Ley», manifestó el secretario de la Gobernación.
Villafañe señaló además, lo acusó de improvisar, ya que «realizar expresiones prejuzgando una propuesta del Plan Fiscal que la Junta aún no conoce, demuestra de parte de la Junta improvisación y falta de una actitud de colaboración para beneficio del Pueblo de Puerto Rico».
El abogado añadió que «el compromiso del gobernador Ricardo Rosselló es lograr economías que permitan la eficiencia gubernamental, haciendo más con menos gastos, sin afectar los servicios esenciales al Pueblo y sin despedir empleados públicos».
Precisamente, el congresista Sean Duffy, coautor de la Ley PROMESA, expresó a su salida de La Fortaleza ayer estar en disposición de enmendar dicha ley para procurar que Puerto Rico sea tratado de una manera más justa por la Junta de Control Fiscal, dijo el funcionario.
«La Junta debe ser consciente que también estarán siendo supervisados por el Congreso y las expresiones del congresista Sean Duffy evidencian que estarán pendiente de la forma en que se produzca la evaluación del Plan Fiscal que estaremos presentando durante los próximos días», indicó Villafañe.
Y cuestionó que «¿cómo es posible que el portavoz de la Junta anticipe el rechazo a un Plan Fiscal que ellos no conocen, al tiempo que aceptan la primacía del Ejecutivo en establecer las prioridades? Eso demuestra una actitud negativa y un prejuicio que pudiera implicar actuaciones al margen de la Ley que creó la propia Junta de Supervisión Fiscal».
