SAN JUAN – Con la aprobación en Cámara y Senado el lunes del Segundo Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1018 de “Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”, se va a fomentar el discrimen en el Gobierno contra personas religiosas, opinó el senador Eduardo Bhatia.
“Este proyecto lo que dice es, que si un trabajador del Gobierno de Puerto Rico se rehúsa a dar servicios a nombre del Estado a una persona, no se puede hacer nada contra él. Por ejemplo, si fuera a dar el examen para sacar la licencia de conducir a una niña y su religión le dice que las mujeres no deben guiar, como piensan los extremistas musulmanes, este proyecto le dice que él le puede decir que no le va a dar el examen y el Estado tiene que respetarle ese derecho”, dijo Bhatia en su turno en contra de la medida.
“¿Y cuál va a ser el problema? El problema es que yo no voy a querer contratar musulmanes en el Departamento de Transportación y Obras Publicas, para que no me metan en líos a mí. Ahora un criterio para yo contratar será si la persona es religiosa o no”, añadió.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, citó la página 169 del Plan para Puerto Rico, en el cual se hace un compromiso con legislar para defender el derecho de Libertad Religiosa en Puerto Rico.
Tanto El Senado como la Cámara de Representantes aprobaron el Segundo Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1018 para armonizar los cambios a la pieza de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y los representantes Guillermo Miranda Rivera y María Milagros Charbonier, que al cierre de la pasada Sesión Ordinaria pasó a un Comité de Conferencia.
El documento afirma que “cualquier empleado, contratista o funcionario que se considere afectado en el ejercicio de su libertad religiosa en contra de lo dispuesto en esta Ley, podrá requerir a su institución eclesiástica que asista en su reclamo”.
Incluso menciona que, “a pesar de la aplicabilidad del “Religious Freedom Restoration Act” (RFRA) en Puerto Rico y sus territorios, sus parámetros legales no han sido aplicados a nuestro más alto foro judicial… Lo que ha llevado en los últimos años a atropellos significativos a la libertad religiosa de ciudadanos que han supuesto una carga substancial al ejercicio de la misma”.
El proyecto pasará a La Fortaleza para la firma del gobernador.
