SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó el lunes que recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) investigar al alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) de Río Grande Ángel “Boris” González Damudt.
Asimismo, refirió con una recomendación de que no se asignara un Fiscal Especial Independiente (FEI) a un empleado de la Comisión de Servicio Público (CSP), al cual no identificó.
“Entendemos que existe causa suficiente para creer que el Alcalde de Río Grande pudo haber violado las disposiciones del Artículo 252 del Código Penal de Puerto Rico, que es el aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directamente o indirectamente, para él o persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Además pudo haber violado el Artículo 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de Empleados y Funcionarios Públicos Denunciantes, Querellantes o Testigos de Alegados Actos Constitutivos de Corrupción”, indicó Vázquez Garced en comunicado de prensa.
En cuanto a la investigación del CSP, “examinada la evidencia recopilada en la investigación preliminar, a tenor con el derecho aplicable y la consulta realizada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entendemos que no hay causa suficiente para creer que algún funcionario entre el periodo auditado entre 2012 y 2016 cometieron delitos, por lo que no se recomienda la designación de un FEI”.
La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.
“El Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar, como corresponde en ley sobre investigaciones iniciadas el año pasado. Ahora corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en alguno de estos caso”, destacó.
La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y los fiscales Lorraine Pietri Colón y Pedro C. Hernández Zumaeta, respectivamente, investigaron ambos casos.
