WASHINGTON DC – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la concesión de más $8 millones por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) para programas de seguridad y mitigación de desastres; así como la elegibilidad del Tren Urbano y la AMA para otros programas de fondos federales.
FEMA, agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, le asignó a Puerto Rico la cantidad $3,752,000 bajo el programa State Homeland Security. Este programa apoya la implementación de estrategias estatales de seguridad nacional que incluyen la planificación, organización, equipo, entrenamiento y las necesidades de ejercicios para prevención, protección, mitigación, respuesta, recuperación por actos de terrorismo y otros eventos catastróficos.
Se asignó además la cantidad de $4,816,336 a la isla bajo el programa Emergency Management Performance Grant, el cual provee ayuda a los gobiernos estatales, locales, tribus y territorios en la preparación de todo tipo de peligro.
Para este año fiscal, se separó la cantidad de $55 millones para toda la Operación Stonegarden, el cual promueve la cooperación y coordinación entre los gobiernos estatales, locales, tribus y territorios con las agencias federales de ley y orden en misiones conjuntas para asegurar las fronteras.
La comisionada residente se reunió en mayo con el Border Patrol en las instalaciones de la antigua Base Ramey en Aguadilla, precisamente para recibir un informe sobre los resultados y necesidades de la Operación Stonegarden en Puerto Rico. La comisionada, quien ya había tenido informes sobre la operación con otras agencias federales en Puerto Rico como el ICE, le había adelantado al Border Patrol la asignación de $1 millón de estos fondos para Puerto Rico, dinero que no requiere pareo y sirve para la adquisición de equipos como radares y vehículos todo terreno.
Se informó, además, la elegibilidad de la AMA y el Tren Urbano para el Transit Security Grant Program. Este programa tiene disponible $88 millones a las áreas urbanas catalogadas como de alta amenaza para mejorar las medidas de seguridad en infraestructura de tránsito crítico, incluyendo autobús, transbordadores y sistemas de trenes. Estos fondos se otorgan de manera competitiva.
