SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares urgió el lunes al Congreso a que tome en consideración a Puerto Rico en la reforma contributiva federal e incluiya a la Isla en el paquete de ayudas en situaciones de desastres naturales registrados en la nación para así asegurar un trato igualitario para los ciudadanos americanos residentes en la Isla.
“La escala y el alcance de la catástrofe en Puerto Rico después del huracán María no tienen precedente histórico. La devastación en toda la Isla representa un desafío extraordinario para los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico y para el Gobierno federal. Un desafío que estoy seguro podemos superar debido a que Estados Unidos es el líder indiscutible a nivel mundial en la respuesta a desastres y la determinación del Pueblo de Puerto Rico es poderosa”, sostuvo el gobernador en una carta adjunta a la solicitud de asistencia federal para recuperación de desastres enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El primer ejecutivo advirtió de paso que si el Congreso no considera a Puerto Rico como una jurisdicción de los Estados Unidos en materia contributiva, provocará el éxodo de las compañías que generan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto, la pérdida de empleos en la Isla y, por ende, la mudanza de más puertorriqueños a la nación que a la larga provocará un incremento en los gastos de los estados.
Al mismo tiempo, Rosselló Nevares informó que el paso de los huracanes Irma y María devastó la infraestructura pública y privada de Puerto Rico y provocó pérdidas multimillonarias que se estiman en 94 mil millones de dólares.
De acuerdo con la solicitud de asistencia federal para recuperación de desastres que será presentada el lunes ante la Casa Blanca y el Congreso, 472,000 unidades de vivienda fueron destruidas o experimentaron daños tras el paso del huracán María.
Asimismo, el documento presenta una evaluación sobre el impacto en el sistema eléctrico, el sistema de salud, la agricultura, los servicios sociales, el desarrollo económico, la infraestructura de comunicaciones, las carreteras y puentes, los puertos y aeropuertos, aseguró.
Al mismo tiempo, se estiman los daños en las estructuras que albergan agencias públicas, las instalaciones y control de calidad de agua, el sistema de alcantarillado sanitario y drenaje, las escuelas y el sistema de enseñanza, recursos naturales y ambientales, y la coordinación de seguridad pública y respuesta de emergencia, detalló.
Mientras, en materia contributiva, el mandatario recordó que los empleos creados en Puerto Rico son empleos americanos. Por lo tanto, para impulsar la creación de empleos y el desarrollo económico de la Isla se debe asegurar que la reforma contributiva federal establezca que:
1. Los productos manufacturados en Puerto Rico, que sean importados a los Estados Unidos, son productos domésticos; por lo tanto, no les debe aplicar el arbitrio propuesto (excise tax) de 20 por ciento para mercancía manufacturada en el extranjero.
2. Las empresas domésticas que emplean a ciudadanos americanos en Puerto Rico no les aplique el impuesto de repatriación por ganancias invertidas en la Isla, siempre y cuando estas tengan un compromiso de permanecer operando en Puerto Rico por un mínimo de 8 años y mantengan más del 50 por ciento de sus bienes, tangibles e intangibles, en la Isla.
3. Que no apliquen a Puerto Rico impuestos que tienen como propósito evitar la erosión de la base contributiva de los Estados Unidos (contribución mínima anual), porque la Isla debe ser considerada como parte de la nación americana.