SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dio su razón el martes para no quitarle fondos a otras agencias y destinarlos a la Seguridad Pública que según ha dicho es su prioridad.
Para el gobernador también fue prioridad los fondos para pagar las pensiones y el Bono de Navidad. En ambos casos, la Junta de Control Fiscal se opuso y a pesar de ello se pagaron.
“Si nos quitan esa limitación, esa intromisión operacional dentro del Gobierno nos permitiría a nosotros escoger prioridades y si eso implica que tendríamos que recortar en otras áreas, pues recortaríamos. Y podríamos por ejemplo invertir en la seguridad como prioridad», dijo el gobernador en conferencia de prensa.
«¿O sea, que usted no le puede recortar fondos por ejemplo a la Comisión Estatal de Elecciones para destinarlos a la Policía?”, se le preguntó.
“No, yo puedo hacer una petición a (la Junta de Control Fiscal) para eso, pero ellos han dicho que no», contestó.
El gobernador expresó que en el caso de las pensiones, recortó mil cuatrocientos millones dólares del presupuesto para pagarlas. Sobre el Bono de Navidad, se dio una directriz a los jefes de agencias para hacer el pago.
Cuestionado sobre por qué entonces no declara seguridad pública como servicio esencial, bajo el amparo de la Ley PROMESA, el gobernador contestó que hacerlo limitaría aún más la facultad del gobierno para destinar fondos.
«Al tratar de simplificar esto como servicio esencial y esto otro no lo es, nos limita a nosotros la capacidad de entrar entonces de tener más ahorros”, sostuvo.
Sobre si la situación puede catalogarse como una crisis, el primer ejecutivo contestó “yo no voy a estar catalogando cuando estamos tomando acción. Es importante que la narrativa no sea una apocalíptica donde estamos viendo que hemos tenido resultados».
Las expresiones del gobernador surgen luego de una reunión con varios alcaldes para afinar la colaboración en el tema de la seguridad.
“Los alcaldes tienen un conocimiento de las áreas de mayor vulnerabilidad en sus municipios. Y nosotros tenemos una base de datos de donde está la incidencia mayor. Queremos redirigir en coordinación y en colaboración con ellos, sus recursos las acciones correctivas que se tienen que tomar», expresó.
A manera de ejemplo, el gobierno central puede colaborar en la instalación de las luminarias, aumentar patrullaje, e intervención con negocios que no necesariamente cumplen con los permisos otorgados.
Ese último asunto lo trajo el alcalde de Carolina José Carlos Aponte Dalmau, quien aseguró que en el negocio que comenzó el altercado que culminó con el tiroteo y asesinato de un hombre el pasado domingo Día de Reyes, ha sido intervenido en múltiples ocasiones por el municipio, porque tiene “un permiso de restaurante y opera como barra». A pesar de los esfuerzos del municipio, no ha sido posible cerrarlo, lo que a su juicio hubiera evitado el incidente.
Aponte Dalmau sostuvo que hay una percepción errónea con el tema de la criminalidad, “porque las estadísticas demuestran que los asesinatos han bajado”.
De otra parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo que además de la respuesta a corto plazo, hay que atender el tema de la violencia a mediano y largo plazo.
“A mediano y largo plazo podemos implantar de inmediato la perspectiva de género como currículo en las escuelas públicas. Yo estuve en California este fin de semana donde ví que la marihuana ha sido legalizada para adultos de 21 años en adelante. Jurisdicciones en Estados Unidos y en Europa han estado tomando este paso, para buscar una forma diferente de manejar unos asuntos. Esa es una conversación que tenemos que tener», expuso la alcaldesa al defender la legalización de la marihuana para uso recreacional.
El gobernador mantendrá reuniones con otros alcaldes y jefes de agencias, previo a la llamada Cumbre de Seguridad a finales del mes de enero.
