SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Linda Ayala, le pidió el lunes, a la Cámara de Representantes que tome acción sobre el proyecto Proyecto del Senado 218 ante su consideración que busca regular a los intermediarios de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés).
“Llevamos más de diez años presentando y evaluando proyectos de ley para regular a los intermediarios de beneficios de farmacia que son los únicos componentes de la cadena de salud que están por la libre, sin regulación local alguna. En este momento de gran precariedad económica en el sistema de salud, no se puede seguir postergando su regulación. Es imperativo tomar acción ya porque le siguen costando al país y a nuestro sistema de salud pública”, indicó Ayala en declaraciones escritas.
Explicó que en Estados Unidos, hay sobre 30 estados que han regulado a los PBM’s como Arkansas, Wisconsin o Dakota del Sur o los han eliminado por completo como Maryland. En la isla, cada componente de la cadena de salud cuenta con regulación local estricta en la fiscalización de sus operaciones a excepción de los PBM’s.
“Estas empresas generan ganancias millonarias que aumentan los costos de los medicamentos y encarecen los costos de salud. Mientras sigan sin regular con una falta total de transparencia en sus operaciones, siguen haciendo de las suyas contra los otros componentes en la cadena de salud como son las farmacias de comunidad,” expresó Ayala.
Mencionó que en la isla operan seis PBM aunque el mercado está controlado por tres de éstos, MC21, Abarca y PharmaPix. El pasado mes de mayo, MC 21, llegó a un acuerdo para unirse con otro PBM de Estados Unidos, ProCare Rx lo que fortalece las operaciones locales.
“Siguen entrando nuevos jugadores al mercado local por lo atractivo que es este mercado que está sin regular, a medida que en los Estados Unidos se les sigue cerrando oportunidades ya que más estados los están regulando para bajar los costos de sus planes de salud. Es la ruta a seguir y le hacemos un llamado a la Cámara de Representantes para que se haga pronto,” expresó la directora ejecutiva.
Describió que los PBM’s son contratados por las aseguradoras de salud para administrar, manejar y negociar con los manufactureros de productos la cubierta de farmacia, adjudicar de reclamaciones, establecer los requisitos para las autorizaciones de medicamentos, negociar descuentos con los manufactureros, contratar farmacias en la red de proveedores y crear formularios de medicamentos, establecer los medicamentos que estarán incluidos en dichos formularios y sus copagos, entre otros.
Sentenció que algunas de las prácticas de negocio de poca transparencia que usan los PBM’s son los descuentos o “rebates” que negocian directamente con los manufactureros y que no pasan para bajar los costos, uso de precios distintos en los reembolsos a las farmacias que están por debajo de aquellos cobrados a las aseguradoras, cobro de costos de procesamiento y adjudicación de recetas a farmacias y a las aseguradoras así como el cobro de cargos por la transmisión de recetas a las farmacias, aunque no sean aprobadas por el PBM.
Sostuvo que en Puerto Rico, hay unas 750 farmacias independientes de comunidad que le brindan servicios a miles de pacientes en toda la Isla.
