Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN – Las profesoras, Yolanda Cordero Nieves y Alba Caballero Fuentes de la Universidad de Puerto Rico presentaron hoy la conclusión de su investigación comisionada por el presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló sobre clasificación, retribución y reclutamiento del Gobierno de Puerto Rico.
El mismo concluye que se puede establecer una retribución uniforme, actualizar los planes de reclasificación de personal, restablecer el formato de exámenes para los asensos y que en las negociaciones de convenios colectivos particípela Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), entre otras cosas.
“Esta restructuración de Gobierno no puede ser porque hay un problema fiscal”, dijo Perelló en referencia a que por los últimos años los cambios en el servicio público se han hecho para corregir deficiencias fiscales y no para mejorar el servicio público.
Según Perelló, dicho Plan se fundamenta en los pilares de la búsqueda de soluciones a los problemas que impiden dar el mejor servicio a los ciudadanos, una gerencia pública guiada por el principio del mérito, el establecimiento de estructuras gubernamentales eficaces y la modernización de los procesos.
El líder cameral encomendó al Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP) de la Universidad de Puerto Rico, a principios del año 2014, un estudio para identificar las oportunidades de aumentar la productividad gubernamental a través de mejoras en las áreas de clasificación, retribución y reclutamiento. La investigación debía contemplar un análisis en relación con la estructura gubernamental, un Plan de País, el uso de la tecnología y la importancia de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico.
Durante la presentación de los resultados de la investigación, la doctora Yolanda Cordero Nieves y la licenciada Alba Caballero Fuentes, investigadores principales del estudio y representantes de CEMGAP, recomendaron la separación de las funciones técnicas y especializadas de la función protectora del mérito. En el estudio, donde se utilizó una muestra de 19 agencias y corporaciones públicas, se concluyó que la competencia abierta por los puestos públicos y los instrumentos para la selección de los empleados son elementos necesarios para que exista un sistema de mérito.
