SAN JUAN – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó que el pasado 7 de diciembre de 2018, cuatro hombres se declararon culpables por sus roles en la conspiración para asesinar al teniente Osvaldo Albarati Casañas, un oficial federal de prisiones del Departamento de Prisiones.
«A lo largo de su carrera en la aplicación de la ley, el servicio del teniente Albarati fue ejemplar, desinteresado y valiente», dijo Rodríguez Vélez en comunicación escrita.
“Con esta convicción, damos un paso más hacia nuestro objetivo de responsabilizar a aquellos que llevaron a cabo este asesinato censurable y sin sentido por sus acciones. El Departamento de Justicia continuará honrando el legado del teniente Albarati como funcionario público, su dedicación para salvaguardar a la comunidad y su integridad», añadió.
Explicó que, el 28 de enero de 2015, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación de seis cargos en la que se acusaba a nueve personas por el asesinato del teniente Albarati: Ángel Ramos-Cruz, también conocido como «Api»; Miguel Díaz-Rivera, también conocido como «Bolo». ; «Juan Quiñones-Meléndez, también conocido como» El Manco»; Orlando Mojica-Rodríguez, también conocido como» Yogui «, Jayson Rodríguez-González, también conocido como» Gonzo «y Alexander Rosario de León, también conocido como» Coquí «. Los acusados Carlos Rosado-Rosado, a.k.a. «Cano;» y Jancarlos Velázquez-Vázquez, a.k.a. «Jan», se declararon culpables el 13 de agosto de 2018.
El 7 de diciembre de 2018, Ángel Ramos Cruz, Juan Quiñones Meléndez, Orlando Mojica Rodríguez y Jayson Rodríguez González fueron declarados culpables de la acusación pendiente. Como parte del acuerdo de culpabilidad, los acusados reconocieron que conspiraron para asesinar al teniente Albarati como resultado directo de las continuas incautaciones de contrabando por parte de Albarati y otros oficiales correccionales. En el momento de la conspiración, Ramos-Cruz estaba preso en la instalación y desde el interior del Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo (MDC), se contactó con un asociado, Quiñones-Meléndez, también conocido como «El Manco», y solicitó que «El Manco» reclutara a los activistas para llevar a cabo el golpe o «vuelta».
«Vuelta» que se traduce en inglés a «turno» o «recado» era un término que las organizaciones de Orlando Mojica-Rodríguez y Quiñones-Meléndez usarían para describir un plan para cometer un asesinato. Quiñonez-Meléndez contactó a su compañero asociado Orlando Mojica-Rodríguez a.k.a. «Yogui», para apuntalar recursos y activistas. Quiñones-Meléndez reclutó a Carlos Rosado-Rosado, a.k.a. «Cano» y Jayson Rodríguez-González, a.k.a. «Gonzo», para participar en el asesinato del teniente Albarati. Mientras tanto, Mojica-Rodríguez reclutó a Alexander Rosario de León, a.k.a. «Coqui», como un ejecutor adicional para participar en el asesinato. Rosado-Rosado y Rosario de León se habían declarado previamente culpables.
El asesinato del teniente Albarati se llevó a cabo el 26 de febrero de 2013, como estaba previsto. El jurado, Oscar Martínez-Hernández, fue declarado culpable por un jurado el 20 de septiembre de 2018, por su papel en la conspiración también. Su sentencia está prevista para el 22 de enero de 2019.
Rodríguez Vélez señaló que el asesinato de empleados y funcionarios del gobierno es un delito punible con la muerte o el encarcelamiento por cualquier término de años o de por vida. El asesinato a sueldo es un delito que se castiga con la pena de muerte o encarcelamiento por cualquier término de años o de por vida. El uso de un arma de fuego que resulte en la muerte también se puede castigar con un período de vida máximo.
El caso fue investigado por el FBI con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Campo de Miami, la Oficina Federal de Prisiones, la DEA, ATF, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, ICE-HSI, Puerto Rico. El Departamento de Policía, la Policía Municipal de San Juan y otras agencias de aplicación de la ley que cubrieron cientos de clientes potenciales desarrollados como resultado de la investigación.
El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Nicholas Cannon y Max Pérez-Bouret.
