SAN JUAN – La organización Bonistas del Patio, Inc. rechazó el plan fiscal presentado por el gobierno de Puerto Rico ante los miembros de la Junta de Control Fiscal ya que se basa en aumentar el gasto en un 18 por ciento y en tomar “medidas” para reducir sólo el cinco por ciento neto de ese aumento para el 2017.
La organización sin fines de lucro fue establecida en mayo pasado para defender a los más de 60,000 tenedores individuales de bonos de Puerto Rico que posean más de $15,000 millones del total de la deuda pública.
“El Gobernador Alejandro García Padilla habló ante la Junta diciendo que no quiere que se imponga austeridad al pueblo, pero la realidad es que su gobierno ya ha impuesto una austeridad sin precedentes a los más de 60,000 bonistas que no cobran sus intereses ni su principal. Ese el dinero de las pensiones de muchos jubilados que vivían de sus ahorros y que ahora están desesperados porque el gobierno les ha dejado de pagar sus bonos”, denunció Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio en declaraciones escritas.
Manifestó que el plan propuesto por el gobierno es cuestionable en principio, debido a su enfoque de aumentar el nivel de gastos al tiempo que propone retener todo pago del servicio de la deuda.
“Esto destruirá cualquier posibilidad de recuperar el acceso a la financiación de cualquier segmento de los mercados de capitales durante un período prolongado de tiempo. El efecto de esta acción será el de limitar la inversión pública y privada, así como mantener limitada la liquidez en las operaciones del gobierno y, por lo tanto, retrasar cualquier posibilidad de recuperar el crecimiento económico «, dijo Irizarry.
El plan del Gobierno fue presentado el viernes pasado por el gobernador Alejandro García Padilla y otros funcionarios del gobierno a los miembros de la Junta de Control Fiscal designada por el Congreso.
Un análisis de dicho plan hecho por Bonistas del Patio reveló que las medidas de austeridad propuestas pondrían en peligro la recuperación económica, y que tampoco hace ninguna mención del efecto que tiene en la economía tiene el no pagar el servicio de deuda a los bonistas que son residentes de Puerto Rico.
«El total de la deuda de los puertorriqueños es de más de 1,200 millones de dólares al año, y el impago, por lo tanto, representa una reducción del 1.8 por ciento al Producto Nacional Bruto. La gran mayoría de los 60,000 bonistas locales son personas que dependen de los pagos de intereses de sus bonos para cubrir los gastos básicos y son igual de vulnerables como cualquier otro segmento de la población «, dijo Irizarry.
Irizarry también indicó que el plan propuesto asigna una cantidad excesiva de financiación para las contribuciones adicionales y para ponerse al día con los sistemas de pensiones. La falta de fondos que tiene el gobierno es enteramente el resultado de la incapacidad de las administraciones a través de los años en proveer los recursos adecuados para cubrir los beneficios de los empleados en los presupuestos que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. En lugar de ahorrar dinero para el pago futuro de las pensiones, el gobierno optó por gastar en otras áreas. En promedio, los sistemas públicos de pensiones en los Estados Unidos han acumulado recursos equivalentes al 80 por ciento o más de su pasivo actuarial. En Puerto Rico, la negligencia del gobierno durante muchos años se ha traducido en la financiación de alrededor del 2 por ciento de su pasivo.
«Ahora que esta práctica irresponsable ha pasado a primer plano, el gobierno se propone corregir su negligencia histórica a costa de los tenedores de bonos. Los mismos que durante muchos años han contribuido a financiar la inversión en infraestructura y la prestación de servicios a la población por el dinero que le han prestado al gobierno a través de la compra de bonos. En cambio, ahora utilizarán los fondos que le deben a los bonistas para compensar el flagrante desprecio que han demostrado por la seguridad de jubilación de sus empleados «, añadió Irizarry.
Mencionó que otra propuesta irrazonable del Plan es que el gobierno de Puerto Rico tendría que financiar sus gastos de atención médica en su totalidad, sin recuperar los fondos federales (Affordable Care Act) que están a punto de expirar en 2019. El Plan supone la pérdida de dicha financiación total de 16,100 millones de dólares en el período de 10 años.
El plan proyecta una diferencia total de financiamiento en los próximos 10 años de 58,700 millones de dólares, de los cuales el servicio de la deuda representa 35,000 millones de dólares, y el exceso de gastos sobre ingresos representa 23,700 millones de dólares. “Este no es un punto de partida viable para un plan fiscal responsable”, dijo Irizarry.
También acotó que el plan propuesto asigna 11,000 millones de dólares para financiar los sistemas de retiro en los próximos 10 años, al tiempo que no ofrece ningún pago del servicio de la deuda. También hay «Asignaciones Especiales» a los sistemas de jubilación por un total de 5,200 millones de dólares en el mismo período. Además, con el fin de «proteger a los interesados vulnerables» el Plan asigna 1,200 millones de dólares adicionales a la reforma de los sistemas de pensiones, asignando así un total de 17,400 millones de dólares a ese elemento, de nuevo al tiempo que propone que pagar ningún servicio de la deuda. El pago real de las prestaciones de jubilación se puede cubrir con un poco más de la mitad de la cantidad propuesta.
«Todo esto demuestra que el plan es deficiente en su enfoque y que el manejo responsable de los pagos de la deuda es posible», concluyó Irizarry.
