La Contraloría de Puerto Rico, que dirige Yesmín Valdivieso, emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Área Local de Desarrollo Laboral del Noreste relacionadas con las propuestas, las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.
El Informe revela que se consideraron posibles cotizaciones falsas en la adjudicación de servicios como el lavado y encerado de pisos de oficinas, la transportación de participantes del verano de 2015 y en la reparación de un vehículo oficial. Los comprobantes de desembolso y sus justificantes no incluían información sobre quienes certificaron la veracidad y corrección de las cotizaciones.
Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia el 27 de abril de 2017 y están pendientes de resolución. Considerar cotizaciones falsas desvirtúa el propósito de obtener la mejor oferta mediante la libre competencia entre proveedores. Además, se pudo haber configurado delitos de falsificación de documentos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.
La auditoría señala que a 91 participantes del programa de experiencia de trabajo por tiempo limitado, se les permitió tener de dos a 10 experiencias de trabajo sin documentar ni justificar esos excesos en su Plan de Empleo Individual. Esto permitió que contrario a la reglamentación, se desembolsó más de medio millón de dólares por experiencias de trabajo que excedieron el tiempo permitido.
El Informe de 10 hallazgos identificó que se adquirieron bienes y servicios por $63,363 sin obtener las tres cotizaciones reglamentarias, se otorgaron cuatro contratos y una enmienda por $325,998 con sólo una propuesta para cada contrato, y el director de Finanzas no obligó los créditos necesarios para el pago de 29 contratos y 11 enmiendas por $1.6 millones.
Los auditores hallaron que se formalizaron contratos con municipios y proveedores sin las aprobaciones de la Junta de Desarrollo y que hasta el 93% de los contratos de experiencia de trabajo de los participantes carecían de información. Además, del 2009 al 2015, no se realizaron inventarios físicos ni se investigaron varios accidentes por lo cual no se pudo fijar responsabilidades a los empleados.
El Informe comenta que el Programa de Desarrollo Laboral a través del cual el ALDL recibe los fondos federales, determinó que es ilegal la transacción de personal por la cual se efectuaron pagos ascendentes a $127,267 por concepto de los balances acumulados de vacaciones y enfermedad de 33 empleados en el 2016. Además, la ALDL – Noreste tiene pendiente de resolución en los tribunales, cuatro demandas por $4.9 millones por discrimen de edad.
El Informe cubre el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
