Javier Aponte Dalmau, senador del distrito de Carolina. (Foto/Suministrada)
CAROLINA – Transcurridos los primeros tres meses de acción en la Asamblea Legislativa, el senador del distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau, hizo un recuento de su gestión a favor de los 10 municipios que representa para que los constituyentes puedan evaluar su labor.
“Hace tres meses juré trabajar arduamente con compromiso, empeño y dedicación a nombre de los 10 municipios que represento. Por eso comparto un resumen del fruto de mi labor para que mis constituyentes pasen juicio y evalúen mis gestiones como corresponde”, manifestó Aponte Dalmau.
El senador carolinense indicó que, desde su llegada al Senado, comenzó a desarrollar, lo que considera uno de sus proyectos emblemáticos, el Plan de Redesarrollo de la Antigua Base de Roosevelt Roads, que integra un nuevo Marco Jurídico para garantizar un desarrollo económico y social cónsono para toda la Región Este, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. También ha trabajado, con el insumo de la mayoría de los alcaldes del distrito, legislación para crear una marca turística para la región, para de este modo impulsar un crecimiento económico y desarrollo integral de los 10 municipios que componen el distrito. Estas legislaciones serán presentadas al país en los próximos días.
La gestión realizada en favor de los residentes de las islas municipio es también una de las acciones más importante asumidas por el legislador. “Entre las primeras medidas que presenté destacan las Resoluciones 26 y 31 para investigar el abandono del CDT de Vieques tras el paso del huracán María y el controversial contrato otorgado a la empresa HMS Ferries para la transportación marítima hacia y desde las islas municipio”, indicó Aponte Dalmau.
Añadió que, recientemente, también radicó el Proyecto del Senado 285 para que los servicios de transportación marítima en estas las islas se consideren como un servicio esencial y estén sujetos a la protección presupuestaria contra recortes y ajustes. Si este proyecto se convierte en ley, el Estado deberá asignar presupuestariamente todos los recursos disponibles para garantizar un servicio eficiente, constante, accesible y seguro. Asimismo, dijo haber sido enfático en reclamar la asignación de fondos del Cares Act para resolver, de una vez y por todas, el problema eterno del mantenimiento de las lanchas de transporte y en solicitar que se acelere el desembolso de fondos para atender la situación de las instalaciones de salud en la Isla Nena.
Informó, además, que ya está en ejecución un plan de trabajo distrital para atender de primera mano los proyectos más importantes de cada uno de los municipios del distrito. Este plan ha incluido reuniones con la mayoría de los alcaldes y con representantes de agencias gubernamentales para así garantizar que los proyectos van avanzando. Entre los proyectos incluidos en el plan destacan: la limpieza del Lago Carraízo y el inicio de la construcción de un proyecto de canotaje en Trujillo Alto, la construcción de un puente peatonal frente al Hospital Universitario Dr. Federico Trilla en Carolina, un proyecto especial de seguridad pública en Río Grande, el Conector de Villas de Loíza, el proyecto de inundabilidad de los sectores Valle Hills, Loíza Valley y Quintas de Canóvanas, la transferencia de las facilidades del Balneario de Luquillo a la administración municipal, el Plan de Reordenamiento Territorial y la transferencia de las facilidades de transportación de carga al Terminal de Mosquito en Vieques y el proyecto de limpieza de chatarra y estación de transbordo para desperdicios sólidos en Culebra.
De igual forma, Aponte Dalmau manifestó que ha radicado más de una treintena de medidas legislativas para atender temas de suma importancia como la transportación marítima en Vieques y Culebra, las facilidades de salud en Vieques, el contrato de Luma Energy, la disposición de activos de la AEE sin el aval de la Legislatura, los aumentos a la tarifa de energía eléctrica, la otorgación de permisos a las PYMES en el distrito de Carolina y los problemas de inundabilidad en Canóvanas. También ha legislado para defender a la UPR y las pensiones de los empleados públicos, investigar la deuda pública, cambiar los requisitos para ocupar el cargo de Contralor, ofrecer protección a las madres obreras, a la comunidad sorda y otras poblaciones vulnerables, garantizar la igualdad de empleo, promover la capacitación de empleados públicos, atender la situación de estorbos públicos y reciclaje en la isla, frenar la violencia de género, mejorar la educación pública, enmendar el Código Electoral y resolver el estatus político del país.
Como parte de su gestión legislativa, Aponte Dalmau, quien dirige la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, también inició sendas investigaciones sobre los polémicos contratos de Luma Energy con la AEE y de la empresa HMS Ferries para la transportación marítima hacia y desde las islas de Vieques y Culebra. Además, promovió que la Comisión de Desarrollo Económico iniciara la investigación sobre los escollos que enfrentan las PYMES del distrito de Carolina para obtener los permisos de operación.
Finalmente, señaló que ha sido un arduo fiscalizador de la ejecución tanto del gobernador, Pedro Pierluisi, como los distintos jefes del Gabinete Constitucional, a quienes ha reclamado la atención de algunos de los problemas más apremiantes para sus constituyentes. Algunos de los reclamos que dijo ha levantado son: la gobernación a base de órdenes ejecutivas, la negligencia en la atención a la situación de transportación marítima en Vieques y Culebra, la dilación en el proyecto de construcción de facilidades de salud en Vieques, la desigualdad en los procesos de vacunación en municipios populares del distrito de Carolina, las acciones desacertadas como parte del plan de atención a la pandemia, la apertura atropellada de escuelas en plena pandemia y la ausencia de un plan detallado para manejar los asuntos relacionados a la educación pública, la falta de atención a estado de las carreteras de la Región Este y la falta de un plan coordinado entre Justicia y la Policía para atender alteraciones del orden público en las zonas turísticas del país.
