SAN JUAN – Las comisiones de Recreación y Deportes y de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presididas por los representantes José “Ché” Pérez Cordero y Joel Franqui Atiles, respectivamente, convocaron el lunes a portavoces del sector de crianza de gallos de pelea para obtener datos concretos del impacto que tiene esta actividad en la economía de Puerto Rico y cómo se afectará ante la aprobación de la “Ley de Mejora a la Agricultura de Estados Unidos de 2018”, mejor conocida como Farm Bill 2018, que prohíbe las peleas de gallos en los estados y territorios.
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Tanto Orlando Vargas Marzán, presidente de la Junta de Directores del Club Gallístico de Puerto Rico, como Mario Emmanuelli, presidente del Movimiento Gallístico y Cultural de Puerto Rico, enfatizaron en que el golpe a la economía de la Isla será millonario, al mencionar que esta industria inyecta 65 millones de dólares al capital local.
Según estudios realizados por la firma Advantage Business Consulting, presentados por Vargas Marzán, específicamente las peleas generan 3,447 empleos directos entre las cabinas y las granjas de reproducción de las aves.
De otra parte la compra de bienes y servicios que realizan a empresas locales da soporte anualmente a 3,827 empleos, lo que totaliza un aproximado de 7,274 empleos que generan a su vez otros 3,860 trabajos directos, indirectos e inducidos.
Los deponentes indicaron que la criminalización de esta actividad será un golpe no solo al sector agrícola sino también a las arcas del gobierno que reciben fondos por concepto de la obtención de las licencias de rigor, permisos, pago de impuestos y las patentes por la construcción de instalaciones para este deporte que está altamente regulado en la Isla.
Ambos compararon los efectos de esta prohibición a la que sucedió con el alcohol a principios del siglo 20, que disminuyó ligeramente su consumo, pero trajo como consecuencia un alza en otros tipos de delitos y desvió los recursos de la aplicación de otras leyes para combatir la violencia generada en el mercado negro del licor.
Por su parte, el representante Pérez Cordero agradeció que presentaran estos datos para continuar con los esfuerzos en el Congreso. Esto para que se enmiende la ley con información concreta y los congresistas estén más receptivos a esta iniciativa.
“No podemos ceder en el intento, hay que hacer todo lo posible. Por eso es que hemos hecho este tipo de investigación para que los argumentos nos lleven al éxito”, señaló el legislador en co, quien fue claro que debido a realidad política de la Isla, es cuesta arriba la labor.
Además, puntualizó que al igual que la comisionada residente, Jenniffer González Colón y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares “nosotros en la Legislatura llevamos prácticamente un año trabajando directamente con esto y hemos ido varias veces al Congreso a expresar nuestro sentir, pero si nosotros no tenemos los datos, y no estamos preparados, simplemente haremos expresiones que los congresistas decidirán si le dan importancia o no”.
Por lo que sostuvo que es necesario aclarar en Washington que contrario a otros estados en los que esta práctica es ilegal y ha traído como consecuencia el trato cruel a los gallos, en Puerto Rico la industria está regulada, lo que da igualdad de condiciones a ambos competidores a la hora de pelear.
