Por: Redacción Presencia
presenciaregional@gmail.com
EL CAPITOLIO- El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel ‘Gary’ Rodríguez, denunció hoy que la reforma energética llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la precaria situación económica que se encuentra actualmente.
(Foto / Suministrada)
Según el Representante, el gobernador, Alejandro García Padilla, quiere capitalizar con una declaración de quiebra para que sean los bonistas, a través de un síndico, quienes realmente controlen dicha corporación pública y establezcan la política energética en Puerto Rico.
El legislador destacó que la manera como se implementó la mal llamada reforma colocó a la AEE en total incumplimiento con el acuerdo de fideicomiso (Trust Agreement) suscrito con los acreedores en el 1974, y el cual detalla la manera como se pagaría la deuda de la corporación, incluyendo el establecimiento de una penalidad de 10 por ciento, que ni la Autoridad o el Estado tienen para sufragar a los bonistas en caso de un ‘default’ como el que se está cuajando en La Fortaleza.
“El Partido Popular Democrático hizo todo lo posible por llevar a la AEE a este punto. Aumentaron innecesariamente la nómina y gastos en millones de dólares creando hasta nuevos puestos de confianza, como el del sub director ejecutivo y su staff, director asociado de Recursos Humanos, director de Operaciones, Directorado de Generación, director de Operaciones Técnicas, Directorado de Transmisión y Distribución y otra serie de puestos de alto nivel que no eran necesarios. También realizaron irresponsablemente una emisión de bonos con un sobrante de $672 millones donde refinanciaron la deuda a unos intereses de usurero incrementando el monto de los pagos de la deuda a niveles insostenibles para la corporación”, dijo el representante estadista mediante declaraciones escritas.
Rodríguez Miranda señaló que la quiebra de la AEE podría representar un costo inmediato de sobre $900 millones al pueblo de Puerto Rico si los acreedores deciden llevar el caso hasta la corte federal para demandar la implementación de la clausura de penalidad por ‘default’.
