Desprendimiento en el paseo lineal de Puerta de Tierra. (Foto/Toma de Pantalla)
SAN JUAN – El proyecto del paseo lineal en Puerta de Tierra en San Juan aún no tiene una agencia que lo custodie permanentemente, confirmó el viernes el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en medio de una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 242 que atiende el problema de deslizamientos de terreno en la zona.
En representación del DTOP, la ingeniera Cristina Salib López informó a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de San Juan, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo que en los récords de la agencia no hay ninguna evidencia que demuestre que ese proyecto ha sido entregado al DTOP por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
Según una ponencia de la AFI firmada por el director ejecutivo Eduardo Rivera Cruz, el proceso del cierre del permiso y la aceptación final de las obras ante el DTOP fue completado mediante comunicados correspondientes al 24 de agosto de 2017. La estructura, inaugurada en 2016, fue completada por la AFI a un costo total de $37.4 millones.
El representante Luis Raúl Torres Cruz requirió, como respuesta a la controversia, una opinión legal del DTOP en la cual aclararan quién será el custodio permanente de la obra que fue declarada bajo una situación de emergencia por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) ante el peligro inminente de un derrumbe.
“Desde el 2016 hasta acá, dos agencias del gobierno no se han podido poner de acuerdo sobre a quién le pertenece (el proyecto)”, manifestó el legislador y presidente de la comisión cameral. “Lo vamos a aclarar por legislación para que nadie tenga duda”.
La ingeniera Salib López explicó en su turno, que actualmente el DTOP no custodia el paseo lineal debido a que está localizado en terrenos que le pertenecen al Municipio de San Juan. Sin embargo, la agencia mantiene un memorando de entendimiento con el gobierno municipal para atender la emergencia en el área afectada por los desplazamientos.
Ante este escenario, Torres Cruz adelantó que radicará una resolución junto al representante Eddie Charbonier Chinea – legislador por el Distrito 1 de San Juan – para traspasar la custodia de los terrenos al DTOP. La medida, aseguraron los representantes, será consultada primero con el alcalde de San Juan, Miguel Romero. “Vamos a consultarlo primero con nuestro alcalde. Si el alcalde quiere que se lo dejemos y quiere seguir gastando chavos ahí, pues se lo dejamos”, afirmó el presidente de la comisión.
Mientras, el DTOP indicó que el “shortcrete” es el método que se utilizará para atender la emergencia en el paseo lineal. Este procedimiento consiste en la aplicación de hormigón a través de bombeo, debido a que la resistencia máxima de este material se obtiene a corto plazo.
Salib López ratificó que la agencia cuenta con “todo lo necesario” para llevar a cabo la subasta del “shortcrete”, pero necesitan la aprobación previa de la Oficina de Arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). De acuerdo con la ingeniera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), otorgó 450,000 dólares en fondos para el área de diseño del proyecto de emergencia. Luego del diseño se determinará el costo que conllevará realizarlo.
La funcionaria agregó que han solicitado al Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico del ICP la autorización para realizar estudios geotécnicos llamados “borings”, ya que han sido condicionados a no utilizar equipo pesado en la zona que integra el yacimiento arqueológico SJ-2.
El DTOP subrayó que estos estudios son pertinentes para mitigar la emergencia, pues el diseñador podrá obtener los parámetros de la capacidad del suelo para su diseño de estabilización del área.
No obstante, el subdirector del ICP, Freddy Vélez García, señaló la preocupación de que los estudios perjudiquen el área arqueológica que describió como “sumamente sensitiva”.
“El Instituto reconoce la urgencia por la emergencia de la situación. Es una situación que se hereda de un proyecto que no tiene más de 10 años. A la misma vez, nos preocupa, siendo esto un área sumamente sensitiva tanto en el asunto arqueológico como patrimonial edificado, las medidas que se vayan a tomar”, enfatizó el funcionario, al tiempo que aseveró que mantiene reuniones con el DTOP para dar continuidad al proceso de autorización.
Al insistir en la protección del yacimiento, Vélez García dijo que “si en el pasado no se pudo o se quiso, en el presente se debe corregir”. “Nosotros entendemos que el desarrollo económico es posible, pero respetando el asunto cultural y ambiental”.
Por otro lado, la AFI aclaró que, como parte del proceso de diseño, lograron identificar 10 zonas que presentaban erosión causada por escorrentías pluviales, tuberías de descargas en el talud, tuberías colapsadas y por erosión costera a lo largo de todo el litoral que conformaba el proyecto. La agencia contrató a la compañía Geo Cim para efectuar una evaluación de las áreas que presentaba erosión y el diseño de trabajos remediativos.
Asimismo, la AFI llegó a diseñar un sistema de estabilización de talud con geo-webs para el área donde ocurrió el deslizamiento que ahora es objeto de investigación, pero el ICP denegó el endoso requerido por tratarse de un punto de alto valor arqueológico y que “el grado de erosión y de peligro de colapso es mucho menos que otros de los puntos de erosión”. La AFI completó el proyecto en 2016 conforme su diseño en las áreas cuyos endosos del ICP permitieron ejecutar.
Durante los trabajos, Torres Cruz impugnó contra la inacción de las agencias para rotular la zona e informar a los peatones sobre el peligro de un derrumbe.
“Hasta el día de ayer, ninguna agencia había hecho nada. Cuando pase el incidente, y tengamos que lamentar, habrá que fijar responsabilidades”, advirtió el representante. “Lo que tenemos que hacer es ir arreglando (la situación) para que esto se resuelva y evitar una tragedia al país”.
