SAN JUAN – La contraloría de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, emitió el lunes, una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones relacionadas con el presupuesto, las compras, las cuentas por pagar, los desembolsos y la propiedad del Municipio de San Juan.
Además, el Informe comenta que tomar préstamos para cubrir gastos operacionales como ha ocurrido de julio de 2010 a junio de 2015 (siete formalizados por el exalcalde por 350.4 millones de dólares y ocho formalizados por la Alcaldesa por 339.6 millones de dólares), no es una buena práctica administrativa ya que se cubre el pago de unas deudas de corto plazo con unas deudas a largo plazo entre el Municipio y las instituciones bancarias. Al 30 de junio de 2012, la deuda a largo plazo era de 812.5 millones de dólares y al 30 de junio de 2015 esta deuda había aumentado a 961.5 millones de dólares, un incremento de 16 por ciento.
“Esta situación agrava la situación fiscal y el margen prestatario y se afectan los servicios del Municipio de San Juan”, opinó la contralora Valdivieso.
El informe revela desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con respecto a los déficits presupuestarios de 16.2 millones de dólares en el fondo operacional para el 2011 y de 104.6 millones de dólares para el 2012. Además, del 2011 al 2015 los gastos excedieron los ingresos por 213.9 millones de dólares, y en el 2014 varias partidas presupuestarias reflejaron una deficiencia en recaudos por 34.2 millones de dólares.
“El operar con déficit reduce los recursos disponibles y afecta adversamente los servicios que se deben prestar a la ciudadanía”, señaló Valdvieso en un comunicado de prensa.
Contrario a la Ley 81-1991, el Municipio tomó una línea de crédito por 25.4 millones de dólares del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en septiembre de 2010 a unos términos onerosos ya que el Municipio pagaría intereses sobre los intereses por 4.4 millones de dólares acumulados. También, contrario a la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo (FLSA), de mayo de 2013 a julio de 2014, el Municipio no cumplió con el pago de horas extras acumuladas en exceso de los límites establecidos de tiempo compensatorio, a 12 empleados de la Unidad Canina de la Policía. Luego de una investigación del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el Municipio tuvo que pagar 115,753 dólares por las 8,326 horas extras en vez de haber concedido el tiempo compensatorio correspondiente.
El Informe de nueve hallazgos revela que no se realizaron inventarios físicos de la propiedad en el 2012 y 2013, y los inventarios del 2014 y 2015 no se conciliaron con los registros centrales del Municipio; del 2012 al 2015 el Municipio no realizó investigaciones administrativas en el 51 por ciento de los accidentes de vehículos, y se formalizaron unos contratos de servicios profesionales y consultivos para realizar auditorías externas dos meses luego de la fecha reglamentaria.
En los Comentarios Especiales se destaca el desembolso de 331,834 dólares en el 2013 y 2014, con cargo a fondos federales cuestionados en dos informes de auditoría externa. Al respecto se recomendó a la alcaldesa velar que se cumpla con los reglamentos y normas federales y evitar una situación como la indicada.
La opinión de la Contraloría es parcialmente adversa. El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
