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SAN JUAN – La Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico, UNETE y el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública celebraron hoy la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que ordena el cierre de la escuela chárter Paradiso College Preparatory Real Estate Two inc. La sentencia del juez Alfonso Martínez Piovanetti advino final y firme en la mañana de hoy luego de que el Municipio de San Juan y la empresa llegaran a un acuerdo en el cual la empresa acepta que no tienen permisos y se obliga a no operar bajo ninguna circunstancia, hasta tanto pasen por el debido procedimiento de Consulta de Ubicación ante la Oficina de Permisos del Municipio.
Ante estos hechos, emplazan a la Secretaria de Educación designada, Yanira Raíces, a que se posicione a favor del sistema de educación pública y revoque inmediatamente cualquier autorización entregada por el Departamento de Educación, a Paradiso College Preparatory y a la Corporación para el Desarrollo de las Escuelas Pública Alianzas de Puerto Rico, LLC como Entidad Educativa Certificada. Las organizaciones reclaman acción inmediata ante esta situación, en la cual se evidencia nuevamente que la privatización, es cuna de la corrupción y que las escuelas chárter tienen efectos detrimentales en nuestros estudiantes.
“La escuela Paradiso College estaba operando ilegalmente, pues abrió sus puertas sin contar con los permisos requeridos por ley, en violación al Reglamento Núm. 9155 del Departamento de Educación y en contra de la voluntad de la comunidad riopedrense que se ha expresado contundentemente contra esta empresa. Las chárter son un modelo de privatización que pone dinero público en manos privadas para operar escuelas que se ha comprobado discriminan contra estudiantes desventajados a quienes les niegan acceso. Otorgar una Carta Constitutiva a Paradiso pone el lucro de las escuelas chárter sobre el fin de la Constitución, que es proveer un sistema educativo de calidad gratuito, accesible para todos los estudiantes de Puerto Rico”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico.
La estructura y funcionamiento de las escuelas chárter introducen nuevos actores en la educación pública, privatizando los bienes públicos y aumentando la probabilidad de actos de malversación de fondos y corrupción dentro de la agencia. Se ha demostrado que las escuelas chárter son un escenario donde la malversación de fondos, el fraude y las acusaciones de discrimen y negligencias son comunes en los Estados Unidos y ahora en Puerto Rico.
Edwin L Morales Laboy, vicepresidente de la organización magisterial, resaltó actos de discriminación contra estudiantes con diversidad funcional y de educación especial. “Las madres y padres de Río Piedras han expresado que Paradiso discriminó contra estudiantes con diversidad funcional durante su proceso de matrícula. Aunque sus hijos e hijas pasaron por el proceso de matrícula y les entregaron sus uniformes, luego fueron notificados que no podrían comenzar el año escolar”, señaló el líder magisterial.
Por su parte, el Licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de El Otro Puerto Rico, organización que lucha contra la Ley 22 y el desplazamiento, señaló que “la comunidad riopedrense llevaba cinco meses luchando contra la empresa fraudulenta del beneficiario de la Ley 22 Robert Acosta y Kira Golden. Durante el verano las 10 comunidades y sectores de Río Piedras fueron consultadas por la Junta Comunitaria sobre esta empresa. Nueve votaron en contra y solo una quedó empate. A pesar de esto, este invasor destruyó una estructura histórica para hacer su escuela sin permisos de construcción, anunció una escuela chárter para la que no tenía permiso otorgado por el Departamento de Educación y engañó al Municipio de San Juan diciéndoles que operaría oficinas administrativas para obtener un permiso de uso fraudulento. En cada reunión fuimos claros en que nuestra comunidad no los quería y que los íbamos a sacar. Hoy nos hemos acercado a ese logro”.
Paradiso College Preparatory inició clases el pasado miércoles, 16 de agosto en su sede en la avenida Ponce de León, en Río Piedras con alrededor de 150 estudiantes. Ahora el paradero de estos estudiantes es incierto.
“Lo que está ocurriendo con esta escuela demuestra fundamentalmente tres cosas: en primer lugar, que la privatización del sistema de enseñanza convierte la educación de nuestra niñez en un mero negocio que se aleja de lo que es garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños del país; en segundo lugar, lo fallida de la legislación que abrió la puerta a la privatización de las escuelas a través del concepto “escuela alianza” y por último, cómo se unen todas estas malas decisiones del gobierno con las malas intenciones de especuladores de la Ley 22 para multiplicar sus riquezas a costas del bolsillo de las puertorriqueñas, pues las escuelas alianza reciben millones de dólares en fondos públicos’’, resaltó el Lcdo. Adrián González, asesor legislativo de la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago.
El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública ha señalado durante meses que la llegada de esta escuela a las comunidades de Río Piedras y Arecibo buscan desplazar al estudiantado como preámbulo al cierre de las escuelas públicas de la zona.
“Paradiso College Preparatory intenta desplazar a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades. Esta escuela chárter abre en el casco de Río Piedras, a pasos de la escuela pública Ramón Vila Mayo, que enseña a estudiantes de nivel intermedio y superior, los mismos niveles académicos que quiere atender Paradiso. La Vila Mayo, según indica su directora, aún no ha recibido los materiales que se pidieron el año pasado y la escuela necesita reparaciones por filtración en los techos, cambiar puertas y ventanas. En lugar de apoyar a las escuelas públicas, se pretende desviar dinero público para una escuela chárter en la misma área”, sostuvo Liza M. Fournier Córdova, presidenta de UNETE.
Por su parte el Senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, recalcó que los fondos públicos deben usarse para subvencionar las escuelas públicas y no para privatizar los servicios que el Estado le debe al país. “Pensamos que los fondos públicos deben usarse para mejorar los servicios públicos que el pueblo necesita. No deben desviarse a bolsillos privados. En salud estamos viviendo el colapso provocado por la privatización. ¿Por qué insisten en llevar esa política a la educación, a través de las chárter? Tenemos que transformar la educación, claro que sí, pero la solución no es la privatización, sino la democratización, bajo el mando de las comunidades escolares y una administración central transparente. Ni burocracia ni privatización, sino democracia y participación”, subrayó Bernabe Riefkohl.
‘‘Para reforzar los reclamos en contra de las escuelas chárter estaremos pronto convocando a los maestros y maestras, a las madres, padres, encargados y a la ciudadanía a manifestarse en defensa de la educación pública de nuestro país” concluyó Martínez. Para leer más sobre los efectos de las escuelas chárters y sus riesgos a nuestros estudiantes, visita la página web: https://linktr.ee/defiendelapublica
