Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El representante, Carlos J. Vargas Ferrer, autor del recién aprobado proyecto en la Cámara 1472, con el cual propone una reserva mínima de 50 por ciento de los ingresos netos para que el alimentante pueda satisfacer sus necesidades básicas, le salió al paso a la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Rosabelle Padín Batista.
El legislador dijo que la funcionaria señaló estar preocupada que se proponga un por ciento fijo porque eso antepone la protección del alimentante a la necesidad del menor de edad y porque cambia la política pública que lo que busca es proteger el bienestar del menor y cubrir esas necesidades básicas.
“Cuando uno lee ese tipo de expresión en la que la administradora señala que la Cámara de Representantes, en votación bipartita, aprueba un proyecto que propone fijar una reserva mínima del 50 por ciento de los ingresos del alimentante para satisfacer sus necesidades y que esa medida antepone la protección del alimentante sobre las necesidades del menor de edad, uno se pregunta ¿dónde quedó el “justo balance” que prometió la administradora perseguirían las nuevas tablas de pensiones en Puerto Rico?”, cuestionó el legislador popular en declaraciones escritas.
“Uno tiene que cuestionarse, ¿cómo la ASUME llegó a la conclusión y cree correcto y justo que en este País una persona puede pagar agua, luz, vivienda, comida, ropa y transportación con $615 mensuales? ¿Será acaso que la administradora puede satisfacer todos esos gastos con $615 al mes? Porque, si es así, la invito a vivir con $615 mensuales por los próximos seis meses para que le demuestre al País que sí se pueden pagar todos esos gastos con esa cantidad de dinero”, agregó.
El representante detalló que actualmente en las Guías Mandatorias del 2006, fijan una reserva mínima de $516 mensuales y el nuevo borrador de guías, revisado ocho años después, propone aumentarla a $615 mensuales. El Proyecto de la Cámara 1472, según fue aprobado en días recientes, fija la reserva mínima al 50 por ciento del ingreso neto del alimentante o $615 mensuales lo que sea mayor. Con el proyecto de ley, se pretende equiparar porcentualmente la reserva de ingresos contemplada la Ley Federal “Consumer Credit Protection Act” que limita a un 50 por ciento los ingresos del alimentante para propósitos del pago de pensión alimentaria de sus hijos en aquellos casos que tenga una segunda familia, en caso de que el alimentante no tenga una segunda familia el nivel de reserva aumenta a 60 por ciento de sus ingresos.
Por otro lado, el legislador cuestionó la doble vara de la ASUME cuando dice defender los mejores intereses del menor, toda vez que en las nuevas guías no se toman en consideración los hijos que viven con el alimentante al momento de fijar la pensión alimentaria básica.