SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced alegó el miércoles que hubo funcionarios de los investigados sobre el chat de la red social de WhatsApp que intentaron intimidarla e inclusive no tomaron en serio la pesquisa.
«A los funcionarios que nos estén escuchando. Tienen que respetar nuestras investigaciones. Hubo algunas actitudes agresivas, de faltas de respeto a las fiscales y eso nosotros no lo vamos a permitir. No importa quien sea, no importa la condición y el puesto. Una citación de un fiscal y un investigador sobre una investigación criminal tienen que respetarla y nosotros nos damos a respetar. Los fiscales los trataron con mucho respeto y cortesía y las faltas de respeto no las vamos a permitir», dijo la secretaria en conferencia de prensa.
Vázquez reveló el miércoles los resultados de la investigación que llevó a cabo personal de esa agencia sobre la participación de funcionarios del gobierno en una conversación en la aplicación de mensajería WhatsApp, cuya controversia culminó con la renuncia del pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz.
Sobre la supuesta intimidación de García Rodríguez, la secretaria expresó que se inhibió y dejó que la jefa de fiscales, Olga Castellón atendiera el asunto.
La pesquisa realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia destaca que se cuenta con prueba que demuestra causa suficiente para realizar dicha recomendación. La misma indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local 037 de Moca, pudo haber incurrido en violación de: el Artículo 250 (Enriquecimiento ilícito); Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos); Artículo 291 (Influencia indebida en la adjudicación); Artículo 264 (Malversación de fondos públicos) del Código Penal. También pudo haber violado los Artículos 12.005, 12.007 y 12.015 del Código Electoral del Siglo XXI. Lo anterior, además de posible violación de los Cánones de Ética Judicial que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
A raíz de la extensa prueba examinada durante la investigación preliminar contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el referido incluye en su recomendación que la misma debe ser analizada en unión a evidencia que sugiere que contra otras personas, hoy funcionarios públicos, existe causa suficiente sobre la posible violación al Artículo 292 (Influencia indebida en la adjudicación) del Código Penal por hechos ocurridos el 29 de octubre de 2016 y posible violación de las disposiciones del Código Electoral por parte de estos funcionarios por su activa participación e interacción con el exjuez Ramos Sáenz en materia de la jurisdicción del Código Electoral.
Estos son: la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el Subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; la Directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román; la Secretaria Asociada de la Gobernación y Asesora del Gobernador en Desarrollo e Implementación y Ejecución de las iniciativas contenidas en el Plan de Gobierno, Itza García Rodríguez; y el Secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos.
A su vez, se refiere que contra García Rodríguez, quien era la Asesora y Principal Oficial en Planificación Estratégica del Gobierno de Puerto Rico en 2017, existe causa suficiente para entender que pudo haber incurrido en la violación del Artículo 292 (Influencia indebida) y el Artículo 269 sobre Perjurio del Código Penal de Puerto Rico.
Por otra parte, el Departamento de Justicia refirió hoy al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los “chat” “Coffee Break” y/o Estructura Gerencial. De estos se destacó la participación y promoción de las conversaciones de siete abogados. Según la investigación preliminar, estos abogados interactuaron directamente con Ramos Sáenz mientras fungía como juez municipal y presidía la Comisión Local 037 de Moca y mientras participaban activamente para el movimiento político Plan para Puerto Rico. Sobre este referido el Departamento de Justicia solicitará al Tribunal Supremo la paralización de los procesos disciplinarios y una orden protectora en lo que culmina la pesquisa de la OPFEI.
“De la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto, brindó información sobre casos que acababa de adjudicar, participó de actividades político-partidistas. Se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicó información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales. En múltiples ocasiones el exjuez se apartó de la norma jurídica y sus actuaciones infringieron estatutos legales criminales. Su participación en los chats ‘Coffee break’ y Estructura Gerencial en conjunto con los participantes de los mismos, que conocían de su cargo y aun así continuaron participando junto con él de asuntos político-partidistas, es altamente reprochable”, manifestó la Secretaria de Justicia.
El Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes.
La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.
Esta pesquisa estuvo a cargo de la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y de la fiscal Yanira Liceaga Sánchez.
“El Departamento de Justicia realiza sus investigaciones de manera íntegra y diligentemente como parte de un gobierno de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción. Corresponde entonces a la OPFEI, conforme a su ley habilitadora y la evaluación de la evidencia, determinar si procede la designación de un Fiscal Especial Independiente”, agregó Vázquez Garced.
La controversia saltó a la luz pública cuando el senador popular, Aníbal José Torres denunció que Ramos Sáenz consultó en la dicha conversación electrónica para resolver una controversia del voto de encamados en Moca en las elecciones de 2016. La Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la CEE y el Senado también encaminaron investigaciones sobre el particular.
Los resultados de la pesquisa se supone fueran presentados el pasado mes de marzo, pero la misma se extendió.
Mientras, el pasado 9 de febrero la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, relevó de sus funciones judiciales al juez superior Ramos Sáenz como medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación de ese foro. Esa investigación arrojó que el exjuez violentó varios cánones de ética, por lo que se recomendó un proceso disciplinario. El informe, divulgado a principios de abril pasado, detalla que Ramos Sáenz “participó activa y públicamente en asuntos político partidistas desafiando así los principios básicos de dignidad, decoro, respeto y prudencia requeridos de todo miembro de nuestra Judicatura”.
