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SAN JUAN – Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el jueves, una acusación formal contra Fernando Gallardo Álvarez y su pareja consensual Olga Rivera Dávila por supuesta conspiración para cometer fraude postal, electrónico y bancario, robo de identidad agravado y violaciones de lavado de dinero relacionadas con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Seguro de Desempleo (UI) y el Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA), según lo anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG), el Servicio de Inspector Postal de los Estados Unidos OIG), el Departamento del Trabajo de Puerto Rico (PRDL) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB).
Según la acusación formal, Fernando Gallardo Álvarez y Olga Rivera Dávila idearon una conspiración y un plan para defraudar a los programas de Seguro de Desempleo federal estatal y de Puerto Rico y a las instituciones financieras de los Estados Unidos y Puerto Rico para obtener dinero para beneficio personal mediante declaraciones materialmente falsas y fraudulentas para obtener y depositar fondos de UI/PUA.
Los acusados usaron los números de seguro social y los nombres de otros para obtener fondos de UI/PUA de manera fraudulenta y luego procedieron a alterar los cheques obtenidos de manera fraudulenta para incluir los nombres propios y la información de identificación personal del acusado.
Estos cheques falsificados luego se depositaron en múltiples cuentas bajo el control de los acusados. Los demandados también ocultaron las ganancias del esquema de fraude y estructuraron transacciones financieras posteriores.
En una acusación separada, Fernando Gallardo Álvarez está acusado de presentar documentación migratoria falsa de manera fraudulenta, fraude postal, uso indebido de números de seguro social y robo de identidad agravado.
Desde aproximadamente 2017 hasta agosto de 2021, el acusado Gallardo Álvarez se enriqueció ilegalmente y obtuvo dinero de individuos al preparar y presentar peticiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que contenían información falsa utilizando el Formulario I- 360 y formularios adjuntos para autorización de trabajo y exenciones de tarifas. El Formulario I-360 es utilizado por cónyuges, hijos y padres maltratados para presentar una petición de visa de inmigrante bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), enmendada por VAWA.
Según la acusación formal, Gallardo Álvarez les hizo declaraciones falsas a los no ciudadanos de que era abogado y recaudó miles de dólares por servicios legales para ayudarlos a resolver su estatus migratorio. Después de cobrar el pago, Gallardo Álvarez presentaría peticiones VAWA que contenían información falsa e incompleta sin el conocimiento y consentimiento de los peticionarios. Gallardo Álvarez sabía que las peticiones que presentó al USCIS contenían información falsa y que no podía proporcionar la documentación necesaria para que el USCIS adjudicara las peticiones presentadas.
Cuando USCIS no recibía suficiente información para adjudicar completamente una petición VAWA utilizando el Formulario I-360 presentado por el demandado, USCIS le pedía a Gallardo Álvarez más información antes de finalmente denegar la petición VAWA. Mientras la petición VAWA estaba pendiente, USCIS tomaría una determinación preliminar con respecto a la elegibilidad para un Documento de Autorización de Empleo (tarjeta EAD), es decir, autorización de trabajo.
Las tarjetas EAD obtenidas por Gallardo Álvarez para sus clientes solo eran válidas por un año y muchos peticionarios regresaron a él antes de que terminara el año para volver a presentar sus peticiones. Gallardo Álvarez cobraría a estos peticionarios miles de dólares estadounidenses por presentar el Formulario I-360 y las solicitudes de inmigración asociadas.
Los registros de USCIS sugieren que Gallardo-Álvarez ha presentado al menos 136 solicitudes fraudulentas I-360 VAWA para más de 100 peticionarios en los últimos cuatro años.
Los Fiscales Federales Auxiliares (AUSA) Víctor Acevedo y Manuel Muñiz Lorenzi están a cargo del enjuiciamiento del caso de fraude PUA. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por fraude bancario, 20 años por fraude postal y electrónico, y un período consecutivo obligatorio de dos años en prisión por robo de identidad agravado.
Los AUSA Daynelle Álvarez-Lora y Daniel Olinghouse están a cargo del enjuiciamiento del caso de fraude migratorio. Gallardo Álvarez también enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por uso indebido de la visa, hasta cinco años por uso indebido del número de Seguro Social y una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.
