EL CAPITOLIO- El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos, manifestó ayer que la Comisión se propone estudiar cómo hacer más costo efectivo la supervisión electrónica, previo a juicio, de las personas indigentes que están acusadas de delitos graves, sin que se afecte su derecho constitucional a la fianza.

La posición del legislador se produjo tras la discusión del Proyecto de la Cámara 1333, que propone que los imputados de delitos graves que están bajo supervisión electrónica por parte de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), paguen la totalidad de los costos de este sistema.

En la actualidad pagan el 75 por ciento de este gasto.

“Esto pone de manifiesto la necesidad de mirar este proyecto con más detenimiento porque, después de todo, un dólar invertido en el buen funcionamiento de OSAJ, rinde más y cuesta menos al pueblo, que un dólar invertido en una persona acusada delito encarcelada”, indicó el representante en un parte de prensa.

La determinación fue tomada ante las posiciones encontradas en torno al proyecto que también elimina la devolución de los fondos que pague el imputado, si no se le encuentra culpable del delito del que se le acusó.

Por su parte, el director ejecutivo de la OSAJ, licenciado Abid Quiñones Portalatín, favoreció el proyecto ya que, “el servicio representa un costo sumamente oneroso para el Estado”, el cual aseguró no pueden seguir sufragando.

Añadió, además, que usualmente los imputados de delitos que utilizan estos dispositivos tienen los recursos económicos, ya que deben pagar una fianza monetaria, el cual no es diferida por OSAJ, y pagan representación legal privada, por lo que asumen que pueden costear este sistema, que es de $9.25 el día para el GPS y $2.34 por los grilletes electrónicos.

Incluso, favoreció la eliminación de la cláusula de la Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, en el que se devuelve lo pagado por el imputado, de salir no culpable.

Entretanto, el Departamento de Justicia, no presentó objeción legal a la medida, sujeto a que se enmiende el proyecto de modo que el imputado solo pague parte de estos costos y que se le devuelva los fondos, si el mismo es declarado no culpable, ya que afectaría a los acusados que se encuentran en estado de indigencia, por lo que no podrían disfrutar del derecho constitucional a la fianza.

Mientras que el designado secretario, licenciado César Miranda, levantó una controversia de índole constitucional, en cuanto a la no devolución de lo pagado por el acusado para los gastos del monitoreo, ya que, “subleva su otro derecho constitucional de no ser privado de su propiedad sin un debido proceso de ley”.