SAN JUAN (CyberNews) – El representante estadista, José Aponte Hernández denunció el miércoles que en momentos que la Cámara de Representantes evalúa un plan decenal para la educación pública en la Isla, la propia Asamblea Legislativa le recortó recursos a miles de estudiantes de educación especial, quitándoles, entre otras cosas, asignaciones de fondos ya establecidas por años a través de donativos legislativos.
Por otro lado, según el legislador, la administración de Alejandro García Padilla también ha fallado en traspasar, según establece la ley, las facilidades del antiguo Hogar Juvenil Guailí, ubicado en el municipio de Guaynabo, a la entidad sin fines de lucro “Rosa Lydia Vélez Defensora Pro-Impedidos, Inc.”, la cual se dedica a brindar servicios a la población con impedimento cognoscitivo significativo.
Como se encuentra descrito en la Resolución Conjunta 194-2012, la facilidad de Guailí sería rehabilitada y convertida en el primer centro de servicios para jóvenes-adultos con impedimentos cognoscitivos en la Isla.
“Cero, ese es el compromiso de esta administración con los jóvenes y niños de educación especial. Vemos como aparecen cientos de miles de dólares para actividades de…no sé qué y le quitan una asignación insignificante de 30 mil dólares a la organización Rosa Lydia Vélez que le sirve a los jóvenes adultos con impedimentos cognoscitivos y no le han traspasado el uso del antiguo Hogar Juvenil Guailí. Esa es su identificación con la población de educación especial”, puntualizó Aponte Hernández.
La Resolución Conjunta 33, firmada por el Gobernador el pasado 22 de julio, no contempla la asignación de 30 mil dólares que la asamblea legislativa acostumbra a otorgar anualmente a la organización Rosa Lydia Vélez Defensora Pro-Impedidos, Inc.
Aponte Hernández suscribió el martes una carta al presidente de la Comisión de Donativos Legislativos, el senador popular José Nadal Power, cuestionando que de un presupuesto de donativos de 21.8 millones de dólares, “una asignación ínfima de treinta mil dólares no se haya podido mantener para una entidad que realiza tan loable labor”.El líder estadista además exigió que Nadal Power presente los criterios evaluados y las razones para denegar la ayuda a la entidad.
De acuerdo a datos provistos durante las vistas públicas de la Comisión de Educación sobre el plan decenal, en la Isla hay matriculados para el presente año académico sobre 144,000 niños con impedimentos.
Sobre el traspaso de las facilidades de Guailí, el representante del Partido Nuevo Progresista volvió a reclamar acción.
“Uno de los problemas más apremiantes que atañe a las personas con impedimento es que al culminar su periodo de elegibilidad para recibir servicios de educación especial, o sea, a los 21 años, a estas personas no se les ofrece más ningún otro servicio estructurado lo que fomenta el retroceso en el desempeño diario como ciudadanos independientes. Por eso exigimos una explicación”, dijo.
