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diciembre 05, 2024
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Contraloría revela deficiencias en las gestiones de cobro en Ceiba

(Foto/Suministrada)

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Ceiba. 

El Informe revela que el Municipio de Ceiba tenía 154 cuentas por cobrar por concepto de patentes y arbitrios por la cantidad de 1,932,583 dólares. Al 30 de junio de 2021, los directores de finanzas en funciones no habían realizado gestiones de cobro afirmativas, ni tampoco habían evaluado 81 cuentas con más de cinco años vencidas para determinar si eran incobrables.

Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-20-21 del 22 de febrero de 2020. No cobrar en el año fiscal correspondiente, puede ocasionar que el Municipio no cuente con los recursos para atender sus obligaciones y propicia que las cuentas se tornen incobrables.

La auditoría de cinco hallazgos señala que Ceiba pagó multas por 5,543 dólares al Servicio de Rentas Internas Federal (Internal Revenue Service-IRS) por remesar tarde las retenciones y aportaciones al Seguro Social Federal en diversos periodos entre el 2018 y 2019.

Por otro lado, el Municipio pagó 78,000 dólares, tras un acuerdo transaccional, por equipo y licencias de un sistema de contabilidad que nunca se ha utilizado. En el 2012 el entonces alcalde contrató la adquisición del sistema de contabilidad mecanizado Monet GFS que rescindió en el 2013. La compañía demandó por 551,641 dólares y el litigio se transó por el costo de los equipos y licencias adquiridos e instalados.  Esta situación contraria a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y al Reglamento Municipal, pudo afectar los recursos del Municipio y después de 10 años, es probable que los equipos ya no funcionen.

Para el periodo auditado el encargado de la propiedad no mantuvo el control adecuado de la propiedad municipal. Los auditores encontraron laptops con el mismo número de propiedad, secuencias incorrectas y la falta de recibos de la propiedad de los custodios de las laptops, entre otras deficiencias. Además, no se localizaron cinco unidades de propiedad con valor de 6,750 dólares.

Los auditores identificaron que dos encargados de la propiedad, al cesar funciones en el 2017 y 2018, no realizaron un inventario de la propiedad según dispone el Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Cuando comenzó el nuevo encargado en el 2018, tampoco trabajó un inventario. Estas situaciones pueden ocasionar que no se pueda detectar a tiempo, el uso indebido de la propiedad, para fijar responsabilidades.

En una muestra de los comprobantes de desembolso se detectó que el 50 por ciento no estaban certificados con la firma de la empleada a cargo. La certificación valida que el comprobante cumple con la reglamentación vigente. Además, el 25 por ciento de los comprobantes no incluía la factura del proveedor y el 16 por ciento no tenía la firma del alcalde o su representante autorizado. Estas deficiencias propician que se cometan irregularidades en los desembolsos.

El informe comenta que Ceiba tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 24 por ciento del presupuesto en el 2018, del 40 por ciento del presupuesto en el 2019 y del 43 por ciento del presupuesto en el 2020. El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año siguiente. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-20-21.

El entonces alcalde otorgó un donativo de 3,000 dólares a una organización sin fines de lucro sin la aprobación de la Legislatura Municipal. La orden de compra por la cantidad de 14,000 dólares para pagar el contrato del encendido navideño, fue alterado con tinta por el director de Finanzas para cambiar el importe a $17,000. El promotor del encendido navideño emitió un cheque por 3,000 dólares a la entidad sin fines de lucro.

El Departamento de Justicia refirió esta situación al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente el 29 de septiembre de 2020 que investigó y corroboró la situación. La Oficina de Ética Gubernamental solicitó al entonces alcalde y al director de Finanzas que restituyan los 3,000 dólares y les impuso una multa de hasta 20,000 dólares por cada infracción. A la fecha la querella esta activa.

 

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