LUQUILLO – La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Luquillo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio contrató por $98,580, a una compañía para servicios de diseño de planos, supervisión y evaluación técnica de proyectos de construcción, cuyo presidente y agente residente no tenía la licencia requerida como arquitecto. Además, para el periodo evaluado, el Municipio contrató por $113,675 a un ingeniero en entrenamiento, sin la licencia requerida para realizar servicios de inspección y asesoría en proyectos de construcción.
Estas situaciones, contrarias a las leyes y a la reglamentación vigente, se refirieron el 28 de octubre de 2019 a la entonces secretaria de Justicia, a la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para que tomaran las acciones correspondientes. A la fecha de este Informe, las situaciones estaban pendientes de ser investigadas.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que el Municipio registró obligaciones presupuestarias para 16 facturas por $1,011,950, hasta cinco meses después de que la compañía facturara los servicios. El Reglamento para la Administración Municipal de 2016, dispone que se deben obligar las asignaciones antes de efectuar las compras, y el director de Finanzas debe certificar la disponibilidad de fondos. Esta situación dificulta mantener un control efectivo y puede propiciar sobregiros en las partidas presupuestarias.
Contrario a las leyes y a la reglamentación vigente, el Municipio registró en la Oficina del Contralor, 371 contratos y 186 enmiendas por $4,597,693 con tardanzas de hasta un año. Esta situación impidió que los contratos estuvieran accesible a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido.
Los auditores hallaron que el alcalde no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal, el acuerdo de transacción por $103,125, de una demanda civil por despido injustificado a cinco empleados transitorios. La Ley 81-1991 de Municipios Autónomos dispone, que en transacciones judiciales mayores a $25,000 el alcalde debe obtener el consentimiento de la Legislatura.
La auditoría comenta que, al 30 de junio de 2018, el Municipio tenía 12 demandas civiles pendientes de resolución por $3,036,034. Además, cinco casos de empleados, estaban pendientes de resolución en la Comisión Apelativa del Servicio Público.
Este segundo y último informe de Luquillo, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018, y está disponible en: www.ocpr.gov.pr.
