(Foto/Suministrada)
SAN JUAN –El presidente de la Comisión de Gobierno, Ramón Ruíz Nieves, llevó a cabo hoy una vista pública sobre la Resolución del Senado 63, mediante la cual se investigan los señalamientos sobre las condiciones en que se encuentra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), bajo el operador Aerostar Airport Holdings, LLC., mediante un contrato de Alianza Público Privada por un término de 40 años.
“El propósito de esta vista es sobre la preocupación de lo que se dice, se habla y se ve en el aeropuerto…Buscamos la efectividad de los contratos y nuestro planteamiento es en pro y beneficio en lo que envuelve los activos del gobierno. El aeropuerto es un activo y hay que protegerlo…la responsabilidad es una, independiente de las alianzas…no podemos seguir lo que nos queda, pedazo a pedazo disponer de él y es lo que genera ingresos al gobierno…Si logramos buena efectividad como gobierno se puede administrar el país”, destacó el presidente de la Comisión y también Senador por el Distrito de Ponce.
Durante la audiencia, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, indicó que, de conformidad con el acuerdo, la Autoridad de Puertos ha contratado los servicios de entidades privadas para realizar el monitoreo de Aerostar. “A pesar de que el acuerdo no obliga a la preparación de un informe mensual y/o anual, la Autoridad de Puertos requiere, de estas entidades, reportes mensuales de monitoreo y cumplimiento, además de un reporte final mensual”, explicó. Añadió que siempre hay espacio para mejorar y la fiscalización. A solicitud de la Comisión, el deponente se comprometió a entregar dichos informes y auditorías en los próximos días.
Sobre la situación señalada recientemente en el Terminal D, Pizá explicó que la instalación, que no está abierta al público, ha sido objeto de estas evaluaciones. “Según información que le ha sido provista a la Autoridad, el itinerario de proyectos y mejoras en el aeropuerto, incluyendo la reconstrucción del Terminal D, se ha visto afectado por la situación de la pandemia. La renovación de este Terminal D empezó en el 2020 y está pautada para completarse a finales de este año. A través de los años, la Autoridad ha estado en comunicación constante con Puertos y Aerostar con relación al descargue de las responsabilidades bajo el contrato”, sostuvo el Director de Puertos.
El senador Ruíz Nieves preguntó a Pizá si ha tenido la oportunidad de visitar el aeropuerto recientemente. El deponente respondió que sí y en varias ocasiones. Añadió que en los pasados meses el malestar ha sido señalado en tres áreas; el Terminal D; la poca oferta de áreas para comer, mayormente en las noches, y el área de mantenimiento, específicamente en los baños.
En términos de concesionarios de comida, Pizá explicó que existe una compañía privada denominada MGI, la cual está operando de manera exclusiva con un contrato por un término de 40 años que vence en el 2041. Actualmente, hay una controversia jurídica, ya que cuando se firmó la alianza con Aerostar, la administración de la Autoridad de Puertos en ese entonces también firmó un acuerdo de exclusividad del concesionario de comida y bebida con MGI.
Ante preguntas de la Comisión sobre el mantenimiento en baños, el deponente indicó que solo había una compañía con un contrato de limpieza, a la cual se le hizo difícil reclutar personal luego de la pandemia. Dicho contrato fue cancelado por incumplimiento y actualmente hay tres compañías contratadas para este servicio.
En su turno, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago Negrón, preguntó a Pizá cuál es su responsabilidad fiscalizadora en este contrato. El deponente indicó que es un monitoreo más en el día a día operacional en el cumplimiento del contrato y que se cumpla con las reglas de agencias federales.
De otro lado, Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, señaló que, si bien Puertos juega el rol primario de fiscalizar el cumplimiento de Aerostar bajo el contrato, la Autoridad tiene la responsabilidad de supervisar el desempeño de la compañía como como contratante bajo el contrato, y de velar en virtud de los poderes que le confiere la Ley 29. “Además, la Autoridad tiene la responsabilidad de realizar una auditoría externa sobre el cumplimiento del contrato de alianza cada cinco años o antes, cuando estime necesario, por el término del mismo”, afirmó.
Por su parte, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, preguntó el por qué la auditoría de cumplimiento es de cinco años y ya vamos por el octavo año y no se ha completado. Fontanés indicó que “los cinco años surge de la ley, pero en cuanto a otros proyectos que administramos sí tenemos auditorias”. Igualmente, Aponte manifestó parecerle que ha habido un juego de pingpong en la vita, de ver de quién es la responsabilidad. “La responsabilidad primaria de fiscalizar este contrato es de AFFAF”, sostuvo.
En la misma línea, la senadora Santiago Negrón preguntó a Fontanés, cuántas auditorías se han realizado sobre el contrato que está vigente desde el año 2013. El funcionario señaló que en el 2019 se condicionó la auditoría de cinco años, pero por la pandemia se extendió hasta el 2020. “Al momento no se ha completado”, sostuvo.
Asimismo, la Senadora preguntó a Jean Peña, en representación de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) en qué consiste la asistencia y fiscalización con el contrato a base de lo que indica el artículo 10 de la Ley 29. Peña dijo que “puntualmente respecto al contrato no hay un ejercicio de auditoría, no está bajo jurisdicción de la AFFAF. Nosotros mantenemos comunicaciones con las agencias concernidas. Asegurarnos que las entidades cumplen con las auditorías y demás”.
