Por: Joel Cintrón Arbasetti
Las casas acreditadoras, algunas de las cuales califican el crédito del gobierno de Puerto Rico, en ocasiones no siguen sus propios parámetros de calificación ni implementan reglamentos para evitar conflictos de interés, según el más reciente informe de la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos (SEC, en inglés) que las evalúa.
El informe, que identifica a las casas acreditadoras solo como “grandes” o “pequeñas” en vez de por su nombre, destaca que algunas implementaron las recomendaciones del año 2015, cuando la SEC les señaló conflictos de interés relacionados con el acceso a información privilegiada por parte de analistas y les imputó no seguir el modelo cuantitativo establecido por ellas mismas para calificar créditos.
Los hallazgos del informe publicado la semana pasada, y que cubre el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, son muy similares a los del año anterior, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En el nuevo informe se destacan la falta de controles y supervisión, el desapego a las normas internas, la violación de reglamentos de la SEC y los conflictos de interés entre las divisiones de las casas acreditadoras, y entre estas empresas y sus clientes.
La función básica de las casas acreditadoras es evaluar, “de forma independiente y objetiva”, la capacidad del deudor, sea público o privado, para pagar de vuelta a sus prestamistas, asignando calificaciones que usan los inversores para decidir dónde poner su dinero.
Pero la calificación de crédito es un negocio, y obtiene sus ingresos de los pagos que les hacen las empresas privadas o los gobiernos a cambio de que las casas califiquen su crédito. Este modelo de negocio “está sujeto a conflictos de interés ya que las casas acreditadoras podrían dar calificaciones favorables con el fin de retener a los deudores o emisores como clientes”, según admite la misma SEC en un boletín para inversores.
En Puerto Rico, políticos y analistas suelen dar gran peso a las opiniones de este tipo de firmas.
“El equipo fiscal y económico del gobernador Alejandro García Padilla culminó dos días de reuniones con las firmas evaluadoras del crédito… en las que se presentaron los resultados de las gestiones realizadas por esta administración durante el último año para atender la situación fiscal…”, decía un comunicado de prensa de La Fortaleza en el 2014. Por su parte, el exgobernador Luis Fortuño justificó sus políticas de austeridad diciendo que “hay que mantener a las casas acreditadoras contentas“, mientras los medios de comunicación suelen tratarlas como una autoridad irrefutable cuando informan sobre sus últimas calificaciones.
Por su parte, Ricardo Rosselló, a solo una semana de haber sido electo como el nuevo gobernador, viajó a Nueva York para reunirse con altos ejecutivos de las casas acreditadoras Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P). El propósito de la reunión era “lograr que se recobre la confianza en Puerto Rico como destino de inversión y desarrollo económico”, dijo.
A pesar del viaje de Rosselló, este mes la casa acreditadora S&P degradó la calificación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a “D” (default), la nota más baja, por incumplimiento de pago. La degradación se dio luego de que el BGF no hiciera el pago de $19.1 millones en principal y $10.6 millones en intereses por bonos que vencieron el 1 de diciembre.
Los tres aspectos determinantes del crédito del gobierno y de su capacidad de repago son el crecimiento sostenible de la economía, la liquidez del BGF y la del Fondo General, indica un estudio del economista José Alameda.
Betsy Nazario, oficial de prensa del BGF, confirmó que esa agencia ha contratado a la casa acreditadora S&P, pero estos contratos no están disponibles en la página del Contralor. El CPI solicitó uno de los contratos al BGF desde febrero de 2016.
“La orden de servicios que tiene el BGF con S&P es para el monitoreo y clasificación de las notas del BGF solamente. S&P monitorea el tráfico de las notas, notifica, publica y sube o baja la calificación según analice las condiciones que pueden afectar su repago. La orden de servicios que tiene el BGF es solo con S&P y no con las demás acreditadoras (Fitch y Moody’s). Para cada emisor puede haber un acuerdo similar. El interesado en la información debe verificar esto con cada emisor”, contestó el BGF sin hacer disponible el contrato, que se le volvió a solicitar en diciembre. Por emisores, Nazario se refiere a las agencias de gobierno que emiten bonos para obtener financiamiento.
Los informes de la SEC revelan que en muchas ocasiones las casas acreditadoras toman en cuenta sus propios intereses económicos a la hora de calificar créditos. Por ejemplo, en el área de “Manejo de conflictos de interés” del informe más reciente, se encontró que algunas casas acreditadoras no siguieron las reglas de la SEC que buscan evitar que el área de análisis sea influenciada por el área de ventas y mercadeo.
En una casa acreditadora grande, la política interna no prohibió a su personal analítico discutir sus métodos de calificación y sus calificaciones y a la vez participar en discusiones sobre contratos, precios, comisiones y ventas. Además, algunas casas acreditadoras no cumplieron con el reglamento de la SEC que les prohíbe asesorar a emisores, deudores o patrocinadores sobre sus actividades o valores que están sujetos a calificación.
No sorprenden las malas prácticas de las casas acreditadoras
A Ignacio Canto, manejador de inversiones del fondo de cobertura puertorriqueño X-Square Capital, no le sorprende que, en general, las casas acreditadoras no sigan sus propias reglas. También sabe que no han sido buenas en precisar calificaciones y que han fallado muchas veces. Pero sostiene que hay que “tratarlas con atención, mantenerles el respeto; no conviene tenerlas en contra”, porque tienen un “monopolio” en el mercado financiero global.
No obstante, Canto explicó al CPI hace unos meses que el comprador de bonos del gobierno “no mira en absoluto las calificaciones de las casas acreditadoras, sino que hacen su propio análisis. Porque con la calificación que tienen los bonos del gobierno actualmente, los que están comprando son inversores sofisticados, como por ejemplo los fondos de cobertura”.
Con la calificación negativa que tiene Puerto Rico hoy día “queda fuera el inversionista típico, como los fondos mutuos y la banca de corretaje. Por eso es importante mantener el buen crédito de las casas acreditadoras, porque eventualmente quieres llevar el crédito a ese inversor y al público en general”, sopesó Canto.
La calificación negativa de una casa acreditadora puede provocar que el gobierno no obtenga el financiamiento que busca en el mercado de bonos municipales. También puede causar que los intereses de un préstamo sean más altos.
“En general, una calificación crediticia es utilizada por los fondos soberanos, fondos de pensiones y otros inversionistas para medir la solvencia crediticia de Puerto Rico, lo cual tiene un gran impacto en los costos de endeudamiento del país”, indica Trading Economics en su lista del crédito mundial, donde el crédito de Puerto Rico es el único al que S&P ha dado la calificación “D”, en una lista de 146 países.
Desde el 2007, S&P advirtió que los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) podían verse afectados por la situación económica de Puerto Rico, que desde el 2006 había limitado la captación de los impuestos sobre venta y uso (IVU) con los que se pagan los bonos de esa corporación.
Canto sostuvo que “durante la administración de Luis Fortuño el crédito estaba igual que ahora, pero los bonos no colapsaron porque las casas (acreditadoras) nunca le quitaron el investment grade (grado de inversión). Entonces Fortuño podía refinanciar la deuda. Hay muchos factores por los que a Fortuño no le quitaron el investment grade, entre ellos la diferencia de liquidez. Se planificaba la liquidez, había comunicación de mucho respeto y se le avisaba de antemano los planes fiscales (a las casas acreditadoras); había plan de reducción de gastos”.
¿Entonces las casas acreditadoras influyen directamente en la política pública y el gobierno toma decisiones económicas para complacerlas?, le preguntó el CPI.
“Se trata de asegurar mantener acceso a los mercados, no de tenerlas contentas. Perder acceso a los mercados es perder la liquidez de la maquinaria, mantener los mercados abiertos no es doblegarse, eso es demagogia populista, de lo que se trata es de mantener el financiamiento”, dijo Canto, quien trabajó para la administración del exgobernador Fortuño como tesorero del BGF.
Posibles conflictos con las calificaciones del gobierno
En verano de 2014, el gobernador Alejandro García Padilla solicitó al Departamento de Justicia demandar a las casas acreditadoras por llevar a cabo acciones negligentes en cuanto al manejo de información financiera provista por el gobierno de Puerto Rico. Pero un mes después, el Secretario de Justicia, César Miranda, descartó la propuesta de demanda por entender que esa acción no era conveniente para el país.
Canto opinó que la intención del gobernador de demandar a las casas acreditadoras fue “una reacción basada en la ignorancia”.
¿Qué tipo de conflicto de interés podría haber entre las casas acreditadoras y las emisiones de bonos del gobierno?, se le cuestionó.
“El conflicto con los bonos se puede dar en que cuando dan malas calificaciones, el mercado se cierra, y no hay emisiones, y entonces las casas acreditadoras dejan de cobrar, porque ellas cobran de las emisiones. Entonces, no les conviene dar malas calificaciones. Pero llega un punto, como en el que está Puerto Rico ahora, que lo tienen que hacer porque sino no serían responsables. En lo privado, el conflicto de interés es que las casas acreditadoras quieren quedar bien con los bancos que las contratan. Para eliminar los conflictos de interés, las casas acreditadoras deberían recibir un pago fijo anual, del gobierno o de organizaciones filantrópicas, y no cobrar por volumen”, dijo Canto.
La reputación de las casas acreditadoras se desplomó junto al colapso económico que se registró entre 2007 y 2008 en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas subprime. Antes de que estallara la crisis, muchos activos de hipotecas que terminaron siendo “chatarra” se vendieron gracias a la buena calificación (AAA) que le otorgaron Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. La Comisión Investigadora de la Crisis Financiera indagó sobre el rol de estas empresas en la manipulación de activos de las hipotecas subprime y en febrero de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos multó a Standard & Poor’s por $1,375 millones por haber manipulado los valores financieros de esas hipotecas.
El poder de la SEC para evaluar las casas acreditadoras proviene de varias enmiendas realizadas entre los años 2006 y 2010 a leyes que regulan el mercado financiero y las agencias de crédito, como el Rating Agency Act, firmado por George W. Bush, y la Dodd-Frank Act, firmada por el presidente Barack Obama. Desde entonces, la SEC realiza evaluaciones para determinar si las casas acreditadoras cumplen con sus propias políticas internas de control y con su metodología estadística para establecer calificaciones de crédito y publican un informe donde detallan los hallazgos. No obstante, la Rating Agency Act prohíbe expresamente a la SEC regular “la sustancia de las calificaciones de crédito”.
Además, los informes de la SEC no son claros. Cuando hay una violación a algún reglamento por parte de una casa acreditadora, la SEC no menciona su nombre sino que se refiere a ella como una “casa acreditadora grande” o una “casa acreditadora pequeña”. Al 1 de diciembre de 2015 habían registradas en Estados Unidos diez casas acreditadoras. Las “casas grandes” son Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s.
La SEC también ha sido criticada por analistas y políticos estadounidenses por no prevenir la crisis financiera que estalló en 2008 con el colapso de los tres principales bancos de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch.
Algunos hallazgos de nuevo informe de la SEC
En un caso, una casa acreditadora grande (Fitch, Moody’s o Standard & Poor’s) no supervisó adecuadamente la calidad de los datos y el personal analítico no revisó la información sobre los valores con la frecuencia requerida, lo cual dio lugar a que las calificaciones no se actualizaran de manera oportuna.
En otro caso, los analistas de una casa acreditadora grande aplicaron incorrectamente los procedimientos referentes a las publicaciones de algunas calificaciones, y parecían no entender la metodología aplicable ni los procedimientos.
El informe señala además que un analista de una casa acreditadora grande usó “insumos de modelos incorrectos al determinar ciertas calificaciones de valores” y después de que se descubrió el error, la casa acreditadora no informó al personal correspondiente, como requieren sus propias políticas y procedimientos.
