Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Llerandi Cruz y Ángel Muñoz Suárez, levantaron hoy la voz de alerta sobre los “posibles efectos negativos” de aprobarse una serie de medidas que busca crear una nueva corporación pública para proveer transporte escolar a nuestros niños.
“Los vehículos para el transporte escolar tienen unas características particulares de seguridad, las cuales están claramente definidas por los departamentos de Transportación y Educación federal. Estos proyectos no dicen nada sobre este tema. Hay que velar que los vehículos que se utilicen por esta nueva entidad burocrática, cumplan con tales disposiciones”, señaló Llerandi Cruz durante una rueda de prensa.
Según el Legislador, se trata del Proyecto del Senado 851 y del Proyecto de la Cámara 1588, los cuales delinean el desarrollo de la nueva Autoridad para el Transporte Integrado (ATI). Ambas medidas además despojan al Departamento de Educación (DE) de su faculta de contratar, administrar y supervisar el transporte escolar provisto a los estudiantes de escuela pública.
Por su parte, Muñoz Suárez, quien representa los municipios de Aguada, Añasco, Moca, Rincón y Mayagüez enfatizó que las medidas impulsadas por la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) dejan la puerta abierta para que se utilicen rutas en las cuales los estudiantes estén en la misma guagua que adultos con todos los riesgos que ello conlleva.
“Al fusionar el transporte escolar con el transporte colectivo, según esta descrito en los proyectos, se le brinda acceso a los vehículos utilizados hoy exclusivamente por nuestros niños a todo tipo de persona. Cabe señalar que a los estudiantes de educación especial ya no se recogerían en sus respectivos hogares pues los transportes colectivos establecen unas paradas fijas y públicas. Además estos vehículos se podrían convertirían en blanco de los delincuentes con motivos de asaltos debido a que estos elementos sabrán que habrá dinero en cada autobús, tal y como sucede en las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)”, dijo Muñoz Suárez.
Los legisladores estadistas expresaron que aunque con esta nueva «Autoridad» se pretenda unificar los medios de transporte bajo una sola oficina para principalmente ser más eficientes, la realidad es que se crea otra corporación pública en un ambiente de crisis fiscal y en donde las mismas han demostrado que “no funcionan, tal y como es el caso de la AMA”.
Además, según la administración Popular, esta nueva entidad tiene un costo estimado inicialmente unos $240 millones para desarrollarla.