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SAN JUAN – El 8 de mayo de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación contra 30 miembros de una violenta ganga de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas y violaciones de armas de fuego, anunció el miércoles, W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico.
“Al arrestar y procesar a estos acusados, la Fiscalía de los Estados Unidos y sus socios de aplicación de la ley están trabajando para mantener el estado de derecho y llevar a los delincuentes violentos ante la justicia,” dijo Muldrow en conferencia de prensa.
“El Departamento de Justicia está comprometido con desmantelar organizaciones criminales violentas, responsabilizar a los miembros de las gangas y buscar justicia para las víctimas”, agregó.
Esta investigación fue dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), Fuerza de Tarea de San Juan, con la colaboración de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
“La adversidad fortalece nuestra determinación,” declaró Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA.
“Con una colaboración inquebrantable, desmantelaremos estas organizaciones de tráfico de drogas que amenazan nuestras comunidades. Nuestro compromiso con la justicia no tiene límites, y perseguiremos implacablemente a aquellos responsables de perpetuar la violencia y la adicción. Nos mantenemos unidos, resueltos en nuestra misión de salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos”, añadió.
La acusación alega que, desde aproximadamente 2012 hasta la fecha de la acusación, la organización de tráfico de drogas conocida como “Los Elite” distribuía heroína, base de cocaína (conocida como “crack”), cocaína, marihuana, fentanilo, tramadol y clonazepam a menos de 1,000 pies de los residenciales públicos Jardines de Sellés, Nuestra Señora Covadonga, Quintana, los condominios Trébol, y el residencial Liborio Ortiz, así como en áreas cercanas, con el fin de obtener ganancias financieras significativas.
El objetivo de Los Elite era controlar todas las actividades de tráfico de drogas en San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza, utilizando fuerza, amenazas, violencia e intimidación. Los miembros de Los Elite se beneficiaban de la distribución ilegal de narcóticos, incluyendo el transporte de cantidades de kilogramos de cocaína a Estados Unidos continental. Además, enviaban fentanilo y marihuana desde Estados Unidos continental a Puerto Rico para su distribución en sus puntos de droga en la isla.
La investigación reveló que durante la conspiración, los acusados y sus co-conspiradores participaron en actos de violencia y tiroteos para asegurar sus operaciones de tráfico de drogas. A veces, utilizaban chalecos antibalas y modificaban armas de fuego para convertirlas en armas automáticas (ametralladoras). También enviaban piezas de armas de fuego o armas completas desde Estados Unidos continental a otros miembros de la organización en Puerto Rico.
Los acusados desempeñaban diferentes roles para promover los objetivos de la conspiración, incluyendo líderes, proveedores, dueños de puntos de droga, ejecutores, corredores, vendedores, vigilantes y facilitadores. Se comunicaban utilizando teléfonos móviles, a menudo a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales (como WhatsApp e Instagram). Promocionaban sus narcóticos, armas, dinero y la organización de tráfico de drogas en redes sociales, incluyendo discusiones sobre la venta de narcóticos y armas de fuego.
Los 30 acusados son Pedro A. Rosado-Garay, alias “Finito/Fino/Fi”; Josué Benito Sánchez-González, alias “Bore”; Juan Daniel Sierra-Jiménez, alias “Wiwi/Doble U”; Sergio Luis Rivera-Álvarez, alias “Zurdo”; Victor Alfonso Rosario-Clemente, alias “Calvo/Tato”; Jose Domingo Irizarry-Serrano; Héctor Manuel Miranda-Rivera, alias “Do/Tito”; David Antonio Tejada-Rosado, alias “Mudito/Mudo”; Edwin Gabriel Vázquez-Colón, alias “Cuco”; Rey Ivan Freytes, alias “Pana Mío”; Francisco Miguel Duluc-Méndez, alias “Franco/Frankini”; Rufino Hernández-Pizarro, alias “Gallero”; Eduardo Berríos-Sepúlveda, alias “Kiko/Chavo del 8”; Orville Báez-Maldonado, alias “Perry”; Joffren Odete Santos-Rivera; Yan Omar López-Machuca, alias “Bebo/John Zeta”; Luis Ángel Rivera-Díaz, alias “Bebillo”; Xavier Omar Maldonado-Negroni, alias “Maña”; Michael Rivera-Cariño, alias “Movie”; Héctor Alberto Sarriera-Marín, alias “Albert/Culón/Kardashian”; Melvin Martínez-Vélez, alias “Tío”; Raúl O. Matos-De Jesús, alias “Pechu”; Yomar Gabriel Rivera-Hernández, alias “Yomar Gabriel Hernández/El Ninja”; Ernesto Caraballo-Brooks, alias “Mullo”; José Omar Aguayo-Delgado; Sem Monge-Parrilla, alias “Jordan/23”; Luis Alexis Guerrero-López, alias “Trunky”; Jesus Antonio Carrión-Narváez, alias “Tomate/Motora”; Marcelino Delgado-Rodríguez, alias “Marcelo”; y Emilio Rodríguez-Guzmán, alias “Barba/A”.
Veinte acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego para promover un delito de tráfico de drogas, y cinco de esos acusados enfrentan un cargo de posesión de una ametralladora para promover un delito de tráfico de drogas.
Los fiscales federales Alberto López-Rocafort, Teresa Zapata-Valladares y Joseph Russell están a cargo del caso. Si son condenados por los cargos de drogas, los acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua. Si son condenados por ambos cargos de tráfico de drogas y armas de fuego en el Cargo Siete, enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 15 años y hasta cadena perpetua. Los acusados de posesión de ametralladoras en el Cargo Ocho enfrentan una sentencia mínima obligatoria de treinta años de prisión, consecutiva a cualquier sentencia impuesta por los cargos de tráfico de drogas. Todos los acusados enfrentan una alegación de decomiso de narcóticos de 67,191,390 dólares, que representa las ganancias generadas por sus actividades ilegales de tráfico de drogas.
Esta acusación es parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Control de Drogas y Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los traficantes de drogas de más alto nivel, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiagencial, liderado por fiscales e impulsado por inteligencia, que aprovecha las fortalezas de las agencias federales, estatales y locales contra redes criminales.
Una acusación es meramente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
