SAN JUAN – Once personas fueron acusadas por supuesto fraude al Seguro Social, informó el martes la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
Una de ellas también se le imputa defraudar a FEMA, para supuestamente recibir ayuda por pérdidas como consecuencia del paso del huracán María.
“10 acusados enfrentan cargos por robo de propiedad del gobierno federal, falsos testimonios al declarar discapacidad y ocultar al Seguro Social su capacidad para trabajar», dijo la fiscal federal en conferencia de prensa.
Explicó que la acusada Teresa González Hernández enfrenta 40 cargos de fraude electrónico contra el Seguro Social. Supuestamente, en el año 2008 utilizó su posición como trabajadora social para abrir una cuenta de banco junto a una persona sin hogar, que solicitó los beneficios del Seguro Social. El hombre murió en octubre de 2010 y la mujer no le notificó sobre el particular al Seguro Social. Por tal razón recibió del Seguro Social 71 pagos electrónicos hasta noviembre de 2016 que totalizaron 57, 947 dólares.
Además, a Alvin Crespo se le acusa de fraude al Medicare y fraude por recibir beneficios por la emergencia del huracán María que no le corresponden. Supuestamente, mintió a la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) que el ingreso combinado de su familia era de 9,240 dólares anuales y que su residencia principal se encuentra en Almirante Norte en Vega Baja. Por esa información supuestamente falsa obtuvo 500 dólares para atender necesidades, 14, 282 dólares para reparar su hogar, 10, 431 dólares para atender necesidades personales y 1,486 dólares de renta para un alquiler temporal. Estos fondos se depositaron de forma electrónica en su cuenta de banco.
De otra parte, Evelyn Morales Calderón y su hijo Víctor Soriano Morales; el empresario Mario Zayas Rodríguez y su empleado Elvin Santiago Rodríguez; José Alcázar Román; Alvin Alvelo Crespo; Abraham Burgos Torres y su hija Karla Burgos Colon; Nelson Concepción Santana y Wanda Rivera Martínez se les imputa recibir beneficios del Seguro Social cuando no cualifican.
Se explicó que la mayoría de estos supuestos casos de fraude ocurren bajo personas que alegan padecen de alguna enfermedad mental, como ansiedad o depresión.
De ser hallados culpables se exponen a multas ascendentes a 250 mil dólares y entre 20 a 30 años de cárcel.
