SAN JUAN – Un reclamo de Mandamus, incoado por siete líderes comunitarios, logró que el gobierno les entregara información que requerían sobre el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales para el que se asignaron hace una década $1,000 millones sin que al día de hoy se sepa cuánto se ha gastado de ese fondo y en qué.
El recurso fue presentado por José Figueroa Pesquera, de la comunidad Toro Negro de Ciales; Carmen Villanueva Castro, de Hill Brothers, Río Piedras; Wilfredo López Montañez, del barrio Sonadora de Aguas Buenas; Jorge L. Oyola Torres, de Los Filtros, Guaynabo; Ángel Vargas Sanabria, de Sabana Eneas, San Germán; Carmen Febres Alméstica, de Barrio Obrero-Marina de San Juan, y Rafael Rivera Rivera, de Villa Cañona, Loíza.
Los líderes comunitarios se acercaron al Centro de Periodismo Investigativo para que los representara en su reclamo de acceso a información junto con la Oficina Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
El recurso extraordinario de Mandamus fue presentado el pasado 27 de marzo, para que tanto el Departamento de Vivienda como el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, cumplieran con sus respectivos deberes ministeriales y les entregaran la información pública que reiteradamente habían solicitado los líderes comunitarios sin éxito.
El tribunal fue la última opción del grupo. Su reclamo se inició en el 2011 cuando acudieron ante el exsecretario de la Vivienda Miguel Hernández Vivoni, y la directora ejecutiva del Fideicomiso para las Comunidades Especiales, Ana M. García, por medio de requerimientos escritos.
Tras el recurso presentado en el tribunal el gobierno “voluntariamente” entregó la información a los demandantes por lo que el 8 de abril pasado el grupo desistió sin perjuicio de su recurso de Mandamus. “Están revisando la información recibida. A la luz de ese análisis se determinará el próximo paso a seguir”, indicó el licenciado Osvaldo Burgos, que lideró la representación legal del grupo.
El 25 de mayo pasado, la ex gobernadora Sila Calderón y el actual mandatario Alejandro García Padilla, anunciaron que realizarán sendas investigaciones sobre el uso de los fondos del Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.
El Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales se creó al amparo de la Ley Número 271 de 2002, en cuya exposición de motivos se expresa el interés gubernamental de atender el problema de la marginalidad existente en las llamadas comunidades especiales de la Isla. El estatuto estableció una inversión total de $1,000 millones para mejoras de infraestructura, construcción y rehabilitación de viviendas. También buscaba fomentar la autogestión económica entre los residentes de dichas comunidades. Así pues, el Fideicomiso Perpetuo contó con una inversión de $560 millones para la rehabilitación y construcción en 20,000 viviendas y $130 millones a emplearse en nuevas obras e instalaciones. A estas cantidades se le agregaron otros $310 millones para unas 486 comunidades.
(Centro de Periodismo Investigativo)
