SAN JUAN – La Asociación de Abogados de Puerto Rico presentó ante el Tribunal Supremo una moción de Reconsideración para que atienda de forma urgente sus planteamientos en contra de la imposición del IVU a los servicios legales. El Presidente de la Asociación, el licenciado Héctor R. Ramos, informó que “es necesario que el Supremo dilucide la validez de este nuevo impuesto que afecta el acceso a la justicia y que violentaría importantes postulados de la profesión jurídica como funcionarios del Tribunal así como el privilegio abogado cliente. Convertir a los abogados en agentes retenedores de Hacienda puede exponer a los ciudadanos que ejerzan reclamaciones contra el Gobierno en perseguidos”.
El abogado de la Asociación, el licenciado John Mudd, expresó que “presentamos la reconsideración pues solo faltaría un voto para llegar a los 5 jueces necesarios en el Tribunal Supremo para expedir este asunto de alto interés público y que ha generado gran preocupación en la clase togada y en el resto de la población”.
La Asociación de Abogados presentó el 15 de junio de 2015 una demanda impugnando la constitucionalidad del IVU a los servicios legales que tiene vigencia el próximo 1 de octubre de 2015. En su demanda, la Asociación de Abogados presentó un recurso de certificación para que fuera atendido por el Tribunal Supremo inmediatamente. El Tribunal Supremo denegó el recurso con 5 votos pero 4 jueces entendieron que el caso debía certificarse para, entre otras cosas, examinar el efecto sobre el acceso a la justicia que tiene el impuesto de 4% a los servicios legales que subirá a 10.5% en abril de 2016. Ello, tendría un efecto devastador en el acceso a la justicia y en la economía de la Isla a juicio de la Asociación de Abogados.
La Asociación de Abogados desde que presentó su demanda en junio ha exhortado a que otras organizaciones y abogados se unan a este reclamo judicial pues se afectan todos los abogados y abogadas en Puerto Rico así como toda la población que requiere de servicios legales. “Sería bueno llevar este asunto con la ayuda de otras instituciones como el Colegio de Abogados pues esto afecta a nuestros miembros y a los de ellos y la unidad de propósitos frente a una acción de este tipo por parte del Gobierno es necesaria y esperada por los abogados de Puerto Rico y por los ciudadanos en general” puntualizó el Presidente de la Asociación.
El Director Ejecutivo de la Asociación de Abogados, el licenciado Ramón L. Rosario Cortés, afirmó que la entidad fue creada para defender los intereses de la clase togada por lo que no tienen reparos en defenderlos en todos los foros pertinentes.
