LOÍZA – Tres residentes de Piñones, Maricruz Rivera Clemente, Yolanda Pizarro Quiñones y Milagros Quiñones, han acudido ante el Tribunal Apelativo solicitando comparecer como Amicus Curiae o Amigos de la Corte en el caso de expropiación de 1,355 cuerdas del sector Monte Grande-Vacía Talega. PFZ Properties se proponía construir allí Costa Serena, un complejo residencial-turístico con 880 unidades de condo-hotel, en una franja estrecha de 64 cuerdas entre la playa y el resto de las tierras de PFZ (1,291 cuerdas), mayormente manglares y humedales.
La acción judicial comenzó en 2008 bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Tres tasaciones, incluyendo una por un tasador de PFZ, fijaron el valor de los terrenos en unos $5 millones. Incluso se le pagó la suma de $4.9 millones a PFZ, que tomó el dinero y siguió litigando para aumentar su compensación. Durante la gobernación de Luis Fortuño un tasador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aumentó seis veces la tasación original de los terrenos, a $32.6 millones. Ante una tasación tan elevada en 2012 el Gobierno desistió de la expropiación, lo cual la obligaría a devolver los terrenos a PFZ Properties. El caso está ante el Apelativo.
“Estamos dando la voz de alerta”, dijo Maricruz Rivera, directora de la Corporación Piñones se Integra (COPI). “No podemos permitir que se le devuelvan los terrenos a Costa Serena. Luchamos mucho por llegar a donde llegamos y no vamos a dar marcha atrás”.
En la Sala de Expropiaciones no se celebró una vista en torno a la tasación de $32.6 millones ni se analizó su legalidad. “La tasación de $32.6 millones tiene que ser escudriñada. Ya en el pasado PFZ y Costa Serena se han involucrado en pagos ilegales a funcionarios gubernamentales”, dijo Milagros Quiñones, refiriéndose a las transacciones admitidas donde Joel Katz, Presidente de la PFZ, le hizo pagos de más de $20 mil al ahora convicto representante Jorge De Castro Font.
Otro aspecto que pone en entredicho la tasación de $32.6 millones es el hecho de que en junio de 2012, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental-Final (DIA-F) de Costa Serena aprobada por la Junta de Calidad Ambiental y que había endosado la construcción del proyecto; ello debido a que residentes y grupos de la comunidad de Piñones y Loíza no fueron notificados debidamente. Sin embargo, la Sala de Expropiaciones hizo caso omiso de la solicitud de una nueva tasación que le hizo el Gobierno.
Ante la negativa de la Sala de Expropiaciones, el Gobierno acudió en septiembre de 2013 ante el Tribunal Apelativo. Es allí donde las residentes de Piñones solicitan que se les permita dar voz a las preocupaciones de la comunidad. “Este caso no es únicamente entre el Gobierno y PFZ”, dijo Yolanda Quiñones, cuya familia reside en Monte Grande hace siete generaciones. “Aquí la comunidad también tiene mucho que decir”.
Por su parte, el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera-Herrera, de iniciativa de Desarrollo Sustentable (IDS), indicó que la organización radicará próximamente una petición de amicus curiae en el mismo caso, explicó que el fundamento para la tasación de $32.6 millones “es un mecanismo de dudosa legalidad mediante el cual se transfirió el valor residual de los manglares y humedales a las 64 cuerdas, multiplicando su valor.” Rivera-Herrera indicó igualmente que “es importante que Justicia destaque ante el Apelativo las interrogantes que suscita la tasación de $32.6 millones, que luego podrá usarse como comparable para inflar artificialmente el valor de otros terrenos costeros no desarrollables”.
“La expropiación de los terrenos de Costa Serena fue objeto de una amplia discusión pública y se suponía resuelto hace años, al instar el ELA esta acción de expropiación”, finalizó Rivera Clemente, que insta el “amicus” con las otras dos residentes por derecho propio. “Somos conscientes que el problema lo creó la administración pasada, pero devolverle los terrenos a Costa Serena sería un desenlace terrible desde todo punto de vista para la comunidad de Piñones, y un escándalo ante la confianza pública del País”.
