Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)
SAN JUAN – El gobernador Pedro Pierluisi informó el domingo que convirtió en ley un paquete de 10 medidas legislativas incluyendo el Proyecto de Administración 17 (Resolución Conjunta del Senado 71) que ordena a varias agencias del Gobierno, en conjunto con el sector privado, a realizar un estudio exhaustivo sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la Isla.
“Por más de dos años la pandemia del COVID-19 ha trastocado la vida de todos y a pesar de que las estadísticas del desempleo son las más bajas en la historia, y de que nuestra industria turística se ha ido recuperando positivamente, así como otros sectores de nuestra economía, es importante que contemos con un estudio y datos puntuales sobre el impacto de la pandemia en Puerto Rico. Las recomendaciones del sector público y privado ayudarán a que continuemos estableciendo estrategias de desarrollo económico y de calidad de vida en la Isla”, sostuvo el gobernadoren declaraciones escritas.
Por parte del Gobierno el estudio será dirigido por la Junta de Planificación (JP) en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda (DH). También, participarán el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y los Departamentos de Salud y de Educación.
En representación del sector privado estarán la Cámara de Comercio (CCPR), la Asociación de Industriales y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM).
Las agencias y entidades privadas que forman parte del estudio liderado por la JP deberán someter al gobernador y la Asamblea Legislativa, el mismo en un término no mayor de 180 días. En el documento, entre otras cosas, deberán analizar los efectos de la pandemia en la salud, el comercio, los pequeños y medianos empresarios, el turismo, los bienes raíces, la agricultura, servicios, construcción, entre otros. Asimismo, tendrán que emitir recomendaciones sobre posible legislación y medidas reglamentarias que garanticen la recuperación económica.
Enmiendas al Código Penal
Entre las medidas firmadas por el gobernador hay dos Proyectos del Senado que enmiendan las Reglas de Procedimiento Criminal del Código Penal de Puerto Rico. Con el Proyecto del Senado 192 se corrige un desfase existente en el Código Penal vigente en torno al proceso de arrestos. Al darle paso a esta medida ahora queda claro que las órdenes de arresto se podrán diligenciar en cualquier hora del día o de la noche salvo en el caso de delito menos grave en cuyo caso el arresto no podrá hacerse por la noche, a menos que el magistrado que expidió la orden lo autorice.
Por otra parte, el Proyecto del Senado 263 enmienda la Regla 22 para autorizar y regular la representación simultánea de personas acusadas de delito en un aparente conflicto de interés. Ambas medidas que fueron aprobadas de manera unánime fueron avaladas por el Departamento de Justicia.
Otra medida relacionada a seguridad que fue convertida en ley es el Proyecto del Senado 339 que enmienda la Ley Adopta un Cuartel de 2018 para que ciudadanos, empresas y organizaciones sin fines de lucro, entre otras, puedan adoptar una estación de bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos y ser parte de las obras de mantenimiento.
Impacto a los municipios
En torno a los municipios el gobernador favoreció los Proyectos del Senado 517 y 303 así como la Resolución Conjunta del Senado 235. Con la primera medida se enmienda el Código Municipal de Puerto Rico a los fines de reducir de 10 a 5 años el término para adjudicar a un municipio un inmueble declarado estorbo público cuando existen uno o más herederos y el bien no es reclamado en ese término. Esta medida fue favorecida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Justicia, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes.
Mientras, el Proyecto del Senado 303 aumenta de 8 a 16 semanas el periodo de maternidad que pueden gozar las empleadas municipales. Esto es posible al aumentar este periodo a cuatro semanas antes del alumbramiento con 12 semanas después del parto para la atención y cuidado del menor. Este proyecto senatorial contó con el aval de la Federación de Alcaldes más no así de la Asociación de Alcaldes.
Como cuestión de hecho ya hay municipios que han enmendado sus ordenanzas para brindarle a las empleadas más tiempo de descanso luego del alumbramiento. Incluso, el municipio de San Juan estableció un periodo de licencia de maternidad de 24 semanas.
Con la Resolución Conjunta del Senado 235 se reasigna al municipio de Bayamón 50 mil dólares provenientes de los fondos asignados en la Resolución Conjunta 41-2020 para llevar a cabo obras y mejoras permanentes. A esos fines, el municipio le certificó en febrero a la OGP que tiene la disponibilidad de los fondos.
Seguridad Alimentaria
El DTRH con el apoyo de PRITS y del Instituto de Estadísticas tendrá a su cargo la ejecución, una vez cada dos años, de la medición de seguridad alimentaria en las encuestas que realiza el Negociado de Estadísticas. Esto luego de que Pierluisi convirtiera en ley el Proyecto del Senado 343 que permite posibles acuerdos presupuestarios y colaborativos entre agencias interesadas en la información a través de la Encuesta del Grupo Trabajador.
También, fue firmado el Proyecto del Senado 518 que al enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico aumenta de 6 a 10 años el periodo de tiempo de la validez de los permisos de estacionamiento removible a personas con impedimentos físicos permanentes o de larga duración.
Por último, Pierluisi firmó la Resolución Conjunta del Senado 224 que enmienda la Resolución Conjunta 24 de 2021 a los fines de corregir que la entidad receptora de subvención de fondos es la YWCA de Puerto Rico y no la YMCA.
El gobernador emitió un veto a la Resolución Conjunta del Senado 168 que ordenaba a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a proveer un sistema de agua potable a los residentes del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba del municipio de Peñuelas. En una carta enviada a los presidentes legislativos Pierluisi explicó que los sistemas de servicio de agua potable existentes en su origen no fueron endosados ni construidos por la AAA por lo que no están incluidos en el presupuesto del Programa de Mejoras Capitales de la agencia. Sin embargo, aseguró que la AAA va a continuar colaborando con el municipio en aras de encontrar una solución costo-efectiva a la necesidad de servicio de agua y alcantarillados para la comunidad del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba de Peñuelas.
En la misiva el gobernador explicó que la AAA ya ha evaluado varias alternativas para poder proveerle los servicios de agua y alcantarillado sanitario a las familias de este sector. Sin embargo, todas las alternativas resultan en estimados altamente costosos o no viables. En aras de encontrar alguna alternativa viable, se identificó un predio de terreno que mostraba las condiciones hidrogeológicas adecuadas para la hinca de un pozo de prueba. No obstante, la AAA realizó dos perforaciones en el área identificada, pero ninguna presenta el rendimiento mínimo requerido para poder suplir agua a la zona. El gobernador reiteró su compromiso de lograr una solución para dicha comunidad.
Otro veto emitido fue a la Resolución Conjunta del Senado 13 que ordenaba al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), evaluar el traspaso, usufructo o cualesquiera modalidad de acuerdo o negocio jurídico viable al municipio de Humacao de la titularidad, gerencia operacional o administración y mantenimiento de los terrenos del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago.
El gobernador explicó en una carta que, conforme a su compromiso, ya el DRNA y la administración municipal han llegado a un Acuerdo de Administración de las facilidades del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, que se estará formalizando prontamente con la firma del ejecutivo municipal y el aval del “Land and Water Conservation Fund” (LWCF).
